“Las instituciones se fortalecen con la verdad; se debilitan con la mentira”, afirmó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, al comprometer con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa llegar al fondo sobre la desaparición de los estudiantes, ocurrida hace cuatro años. Prometió una comisión especial, emitir un decreto presidencial y traer a México expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el Museo Memoria y Tolerancia, López Obrador se reunió en privado con 70 familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, en el 2014.

Luego, en conferencia de prensa dijo que en su próximo gobierno se agotarán  todas las hipótesis existentes y se aportarán nuevas.

Hizo un reconocimiento a los padres de los normalistas, pues dijo que “son un ejemplo para todos los que luchan, en México y en el mundo, por la justicia”.

Obrador les prometió una investigación que llegue a la verdad y a la justicia. “En la campaña hice el compromiso de ayudar a aclarar todo lo sucedido en el lamentable caso de la desaparición de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, y vamos a cumplir”, puntualizó.

El presidente electo hizo tres acuerdos con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa: crear una comisión para esclarecer los hechos de Iguala, Guerrero; emitir un decreto presidencial el 1 de diciembre para facilitar las investigaciones, y pedir el apoyo técnico para la investigación, a la Organización de las Naciones Unidos y a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.

Explicó que solicitará al Poder Judicial “que reafirme la sentencia para que se pueda constituir la comisión investigadora en este caso, (y) cualquiera que sea el resultado, vamos a emitir un decreto para crear también, si no se ha hecho, la comisión investigadora y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y la justicia”.

Sobre la demanda de los padres de los 43 estudiantes para que se investigue la posible participación de algunos elementos del Ejército, López Obrador dijo que se indagarán todas las hipótesis, y pidió no temer a que se conozca la verdad.

“No es cierto de que, si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad, se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano. Eso es falso. Se debilitan si se oculta la verdad, por eso yo creo que se va a hacer justicia, y que en vez de debilitarse las instituciones se van a fortalecer”, sostuvo López Obrador.

Los acuerdos entre Obrador y los familiares de los 43 estudiantes fueron atestiguados por Jan Jarab, representante en México del alto comisionado de las Naciones Unidas; Francisco Eguigieren, presidente de la CIDH, y Esmeralda Arosamena, relatora para México de la CIDH.

En el encuentro estuvieron presentes la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el futuro subsecretario de Derechos Humanos de esa dependencia, Alejandro Encinas, quien estará encargado de la investigación del caso Iguala.

Encinas aclaró que el papel de técnicos de la ONU y del GIEI será sólo de coadyuvantes, y será la próxima Fiscalía General de la República quien conduzca la investigación. También dejó en claro que no será una nueva investigación, sino que partirá de los tomos de expedientes que ha elaborado la PGR.

“Nosotros no vamos a hacer verdades históricas, vamos a ir a la aplicación de la justicia”, dijo Encinas.

Respecto de la demanda de los padres para que se sancione al extitular de la Agencia de Investigación de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, Alejandro Encinas respondió: “Vamos a revisarlo; la resolución del Tribunal Colegiado de Tamaulipas habla de funcionarios que obtuvieron las confesiones bajo tortura, eso implica responsabilidades”.

Por su parte, la comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, indicó que en la sesión del próximo domingo de ese organismo se presentará esta petición que hizo Obrador para que regrese el GIEI a México, a partir del 1 de diciembre.

Se congratuló que el presidente electo haya dicho que habrá total apertura para que esta investigación no tenga obstáculos, lo que implica flujo de recursos para el trabajo de los técnicos de la CIDH. “Es diferente (la actitud del próximo gobierno), tenemos que reconocerlo que es así”, afirmó.

Finalmente, la senadora y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el nuevo gobierno garantiza que este caso se investigará a fondo.

“Vamos a llegar a la verdad, y vamos a acompañarlos, es un compromiso”, comentó.

Ya van 4 años de indagatoria

  • Van cuatro años desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
  • Más de 1,400 funcionarios de la PGR han participado en las indagatorias.
  • Alrededor de 1,000 han sido peritos.
  • Más de 80 millones de pesos ha costado la investigación, hasta junio pasado.
  • Casi 90% han sido gastos generados por los salarios de los funcionarios.
  • 3 millones 948,000 pesos han sido para la utilización de tecnología de búsqueda.
  • Dos agencias internacionales han participado formalmente en las indagatorias: Agencia de Cooperación Alemana y Grupo Argentino de Antropología Forense.
  • Tres áreas de investigación de la PGR han participado en la investigación.
  • 620 tomos componen la investigación de la PGR.
  • 1,447 personas han declarado ante el Ministerio Público.
  • Se han realizado 22 cateos.
  • Se han generado 100 intervenciones de telefonía celular y electrónicos.
  • 69 personas se encuentran bajo proceso por secuestro.
  • 50 personas más, por otros delitos.
  • 650 acciones de búsqueda se han realizado.
  • Se ha aplicado la tecnología de búsqueda Lidar en 60 km.

jmonroy@eleconomista.com.mx