El 30 de agosto pasado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública.

El objetivo es reducir el número de víctimas de actos de corrupción en la realización de trámites públicos, mejorar la percepción sobre la frecuencia de la corrupción en el Gobierno Federal, aumentar el porcentaje de servidores públicos con funciones de control y vigilancia capacitados en materia de combate a la impunidad en el ámbito administrativo, entre otras.

Algunos de motivos que el actual gobierno tomó en cuenta para trazar el programa fueron la necesidad de mejorar del uso de recursos públicos y eliminar las prácticas corruptas en las que incurren servidores públicos.

Programa Nacional Anticorrupción, cinco ejes estratégicos: 

  1. Combatir frontalmente las causas y efectos de ese tipo de prácticas.
  2. Combatir los niveles de impunidad administrativa en el Gobierno Federal.
  3. Promover la eficiencia y eficacia de la gestión pública.
  4. Promover la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la Administración Pública Federal.
  5. Promover el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano.

El programa contempla incorporar tareas de vigilancia e incidencia ciudadana, mediante la difusión de información, insumos y herramientas tecnológicas que abran o mejoren los espacios participativos.

Además, brindar asesoría y capacitación en materia de responsabilidades administrativas a los Órganos Internos de Control y a las Unidades de Responsabilidades que así lo soliciten y atender sus consultas en la materia.

También sancionar a las personas físicas y morales que infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas.

Esas acciones se complementan con tareas para establecer los mecanismos que promuevan el ejercicio de los recursos públicos con criterios de austeridad y disciplina, y que aseguren la generación de ahorros presupuestarios, sin comprometer los objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo ni las metas institucionales y consolidar las adquisiciones, arrendamientos y/o contratación de servicios de uso generalizado que, por su recurrencia, vigencia, volumen y/o nivel de gasto.