Familiares de Daniel García Rodríguez, quien desde hace 17 años se encuentra en prisión preventiva y sin sentencia en el penal de Barrientos, en el Estado de México, exigieron su liberación al considerarlo preso político.

La historia se remonta al 2002, cuando en la administración del entonces gobernador Arturo Montiel, García Rodríguez, quien era operador del PRI, se pasó a las filas del PAN, arrebatando para este partido el municipio de Atizapán.

El expriista está acusado junto con Reyes Alpízar del asesinato en el 2001 de la regidora de ese municipio, María de los Ángeles Tamez Pérez, y es mantenido preso “por tres testimonios de oídas”.

Simón Hernández, abogado de García Rodríguez, aseguró que en el Juzgado Primero Penal de Tlalnepantla se niegan a recibir pruebas que demuestran la inocencia de su defendido y otras que comprueban que los testimonios inculpatorios se obtuvieron bajo tortura.

La defensa consideró que el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar constituye un récord mundial de detención sin sentencia, lo que demuestra la aprehensión por motivaciones políticas y la instrumentalización de las instituciones de procuración y administración de justicia por parte de las autoridades del Estado de México.

Familiares e integrantes del colectivo Pena sin Culpa adelantaron en conferencia de prensa que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitirá en próximas semanas un informe sobre el caso, mismo que podría establecer responsabilidades al Estado mexicano por la detención sin sentencia en 17 años, ausencia de investigación y sanción en actos de tortura y violaciones al debido proceso.

A esto se le suma la detención arbitraria, ya acreditada por parte del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, y la recomendación que emitió para la liberación inmediata y reparación del daño.

En este sentido, la familia y la defensa de García Rodríguez urgieron al gobierno federal a acatar la recomendación del organismo internacional y dar pronta resolución al caso.

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