Visas H-1B: Oportunidad tecnológica de México

A fines de 2025, Estados Unidos instituyó una nueva política enfocada en las visas H-1B, impactando negativamente uno de los canales más importantes de movilidad laboral calificada del mundo. Durante décadas, la H-1B permitió a empresas tecnológicas, consultoras, universidades y firmas de telecomunicaciones incorporar talento extranjero en áreas STEM. Ese mecanismo no desaparece, sino que se vuelve más caro, incierto y selectivo. La exigencia de un pago adicional de 100,000 dólares para ciertas nuevas peticiones presentadas después del 21 de septiembre de 2025 (con excepciones para determinadas categorías de beneficiarios y trámites) eleva drásticamente el costo de contratar talento extranjero proveniente de fuera de Estados Unidos. La medida no afecta por igual a quienes ya poseen una visa vigente ni a todas las modificaciones o extensiones de estatus, pero sí modifica el cálculo económico de las empresas que dependen del talento internacional.

Para México, el impacto no es marginal. El país no ha sido históricamente uno de los principales usuarios de la H-1B, como sí lo han sido India o China. Su conexión laboral con Estados Unidos opera, en buena medida, por otra vía: la visa TN, creada bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y preservada en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esta categoría permite a profesionales mexicanos y canadienses trabajar en Estados Unidos en ocupaciones específicas, entre ellas las vinculadas a la ingeniería, los sistemas y los servicios profesionales.

Mientras la H-1B está sujeta a cupos, loterías y costos crecientes, la TN ofrece una ruta basada en un tratado. Una diferencia legal que reduce la fricción, aumenta la certidumbre y está mejor alineada con la integración económica entre los tres países. También es importante aclarar que la TN no es un sustituto de la H-1B, pues posee otras limitaciones, por ejemplo, solo aplica a profesiones específicas y no todas las ocupaciones tecnológicas califican.

El resultado es el cruce entre una paradoja estratégica y la ironía que surge de la implementación de esta nueva política pública migratoria que limita la entrada de extranjeros altamente calificados a los Estados Unidos. Desde la perspectiva de la administración Trump, las restricciones a la H-1B, al limitar la entrada de trabajadores extranjeros altamente calificados, deberían crear oportunidades para los estadounidenses e impactar positivamente al país, al tiempo que generan ingresos adicionales para el fisco estadounidense.

La realidad indica que estas medidas potencialmente sí tendrán un impacto positivo, pero solo en países como Brasil y México. En este último, pueden terminar por acelerar la relocalización del trabajo tecnológico hacia México. Si una empresa estadounidense concluye que traer a un ingeniero a Silicon Valley, Boston o Seattle es demasiado costoso o administrativamente incierto, tiene opciones: contratar talento local más caro, mover el trabajo a la India o Europa del Este, automatizar procesos, o trasladar operaciones a México. Ante estas alternativas, México gana atractivo por su proximidad geográfica, horarios compatibles, costos competitivos, afinidad cultural creciente y cobertura jurídica bajo el T-MEC. No es algo nuevo, sino que está potenciado por la nueva y miope política migratoria de Estados Unidos.

La ventaja mexicana no consiste solamente en salarios más bajos. Consiste en la posibilidad de integrar equipos binacionales casi en tiempo real. Un desarrollador en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro o Mérida puede colaborar durante la misma jornada laboral con clientes en California, Texas o Nueva York. Puede viajar cuando se requiere presencia física. Y, en determinados casos, puede acceder a la movilidad profesional vía TN sin que su empresa tenga que entrar en el mismo proceso que implica una H-1B. Esa combinación (zona horaria, tratado, costo, conectividad cultural) convierte a México en una plataforma natural para la reubicación de empresas en el país, lo que se conoce como nearshoring tecnológico.

El impacto potencial es mayor en software, ciberseguridad, inteligencia artificial aplicada, análisis de datos, soporte de infraestructura digital, semiconductores, automatización industrial y telecomunicaciones. Las empresas estadounidenses seguirán necesitando talento especializado. Pero no necesariamente dentro de sus fronteras. Es aquí donde México se posiciona como la mejor alternativa.

El perfil técnico de esa demanda requiere precisión. Los ingenieros de Open RAN y de redes desagregadas requieren dominio de la programación y la virtualización, además de conocimientos clásicos de telecomunicaciones. Es un perfil híbrido que no abunda en ningún mercado. En ciberseguridad, el ISC2 Cybersecurity Workforce Study documenta un déficit global estimado de más de 3 millones de puestos vacantes. México cuenta con una comunidad de especialistas en crecimiento que opera en zonas horarias compatibles con las de los centros de operaciones de seguridad estadounidenses. En semiconductores, la oportunidad no está solo en la manufactura, sino también en el diseño de chips y la verificación, donde el Tecnológico de Monterrey y la UNAM ya forman perfiles competitivos. Estas especializaciones definen, con mayor precisión que cualquier cifra agregada, en qué debe enfocarse la estrategia de capital humano.

Asimismo, el sector de las telecomunicaciones merece atención particular. La demanda de redes 5G, arquitecturas abiertas de red, centros de datos, inteligencia artificial aplicada a la operación de redes, conectividad industrial e infraestructura para servicios digitales exige ingenieros especializados, escasos en todos los mercados. Al mismo tiempo, México acaba de atravesar una de las reformas regulatorias más profundas de su historia reciente: el Instituto Federal de Telecomunicaciones cerró operaciones tras doce años como regulador autónomo, y sus funciones fueron transferidas a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, adscrita a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Este cambio redefine la relación entre el Estado, los operadores, los inversionistas y los usuarios.

La transición del IFT a la CRT, hasta el momento, ha generado dudas legítimas sobre la autonomía técnica, la continuidad regulatoria, la competencia económica, la asignación de espectro, la homologación de equipos y la certidumbre para los inversionistas. Para una empresa extranjera que evalúa instalar un centro de ingeniería, un laboratorio o una operación de red en México, la claridad regulatoria pesa tanto como el talento disponible.

Dos cuestiones concretas concentran esa incertidumbre. La primera es el espectro: muchas frecuencias no han sido licitadas en México, mientras que Estados Unidos y Canadá tienen una clara ventaja en ese ámbito. Sin una asignación eficiente y predecible de frecuencias, la promesa de conectividad industrial sigue siendo parcial. La segunda es la competencia efectiva: la CRT heredó las medidas asimétricas impuestas a los agentes preponderantes, pero su capacidad de mantenerlas y actualizarlas dependerá de la independencia técnica y de los recursos institucionales que aún están por definirse.

Paralelamente, la llegada de empresas como AWS, Google Cloud y Microsoft Azure, con regiones en México, amplió drásticamente la oferta de infraestructura en la nube. Pero ese activo se valoriza plenamente solo si existe un entorno regulatorio que brinde certidumbre respecto de los flujos transfronterizos de datos y de los contratos de servicios digitales. Sin esa certidumbre, la infraestructura existe, pero el ecosistema no se consolida.

Las restricciones al H-1B pueden impulsar más trabajo tecnológico hacia México, pero ese flujo no llegará automáticamente ni permanecerá por inercia. Canadá, Alemania, Europa del Este, India, Costa Rica, Colombia y Brasil también compiten por ese talento, esa inversión y esos contratos. México tiene ventajas difíciles de replicar, pero también cuellos de botella conocidos: desigualdad educativa, dominio limitado del inglés en parte de la fuerza laboral, brechas de conectividad fuera de los grandes centros urbanos, inseguridad, incertidumbre energética y cambios regulatorios que pueden percibirse como discrecionales. Ninguno de esos problemas es nuevo. Todos siguen sin resolverse.

La infraestructura digital física tampoco puede darse por sentada. México está conectado a Estados Unidos por varios cables submarinos de alta capacidad, entre ellos el sistema Cámara y la red de América Móvil Submarine Cable System, que ofrecen baja latencia y ancho de banda suficiente para servicios en la nube, videoconferencia y operación remota de infraestructura. Los centros de datos en Querétaro, Ciudad de México y Monterrey han atraído inversión de operadores como KIO Networks y Equinix, lo que refuerza la base para servicios de colocación y de nube híbrida. Pero esa infraestructura se concentra en pocos corredores urbanos. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI, una proporción significativa de la población mexicana, con mayor incidencia fuera de las grandes zonas metropolitanas, carece de banda ancha de calidad suficiente para el trabajo remoto productivo.

El T-MEC es el activo estratégico más importante de México en este contexto. No solo sostiene las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, sino que también ofrece un marco para el comercio digital, la propiedad intelectual, los flujos transfronterizos de datos y los servicios profesionales. En un mundo en el que el talento STEM se ha convertido en un recurso geopolítico, la pertenencia de México al bloque norteamericano le otorga una ventaja institucional que ningún competidor regional puede igualar. Pero una ventaja institucional no se traduce por sí sola en capacidad productiva. Requiere política pública: más formación técnica, más certificaciones, más inglés profesional, más infraestructura digital, mayor coordinación entre universidades, empresas y gobierno.

La política de restricción de las visas H-1B es perjudicial para Estados Unidos al encarecer el talento extranjero altamente calificado, reducir la flexibilidad de las empresas para cubrir puestos STEM críticos e impactar negativamente su competitividad a largo plazo. Esa misma presión puede beneficiar a México al incentivar la relocalización del trabajo tecnológico hacia un territorio con ventajas de proximidad, de zona horaria, de integración comercial y de talento técnico en expansión. En ese sentido, México podría atraer más actividad en software, ciberseguridad, datos, inteligencia artificial y telecomunicaciones. Pero ese beneficio no llegará por sí solo. Depende de la certidumbre regulatoria, de la infraestructura adecuada y de la formación profesional suficiente.

¿Podrá la administración de la presidenta Sheinbaum sacar provecho de este autogol estadounidense?