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Opinión

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La victoria del “acordeón”: el fracaso de la democracia

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Gerardo Flores Ramírez | Columna Invitada

Gerardo Flores Ramírez

Finalmente se llevó a cabo la jornada electoral que representa el desenlace de la reforma al Poder Judicial que fue aprobada artificialmente en el primer período ordinario de la actual legislatura, en septiembre del año pasado. Digo que artificialmente porque ya sabemos cómo se lograron los votos en el Senado de la República para poder superar el umbral mínimo de los votos necesarios para lograr la aprobación de cualquier reforma a la Constitución. No fue el pueblo de México que le dio un mandato claro e inequívoco al grupo gobernante, la 4T, pues los votos de los ciudadanos no le dieron en forma directa la posibilidad de modificar a su antojo la Constitución.

Fueron la debilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la operación política al interior del Senado de la República las que de manera subsecuente permitieron construir la ansiada mayoría calificada para lograr reformas constitucionales. Así que hay que decirlo una y otra vez, aunque pueda parecer inútil, la reforma al Poder Judicial no fue un claro mandato popular, es un capricho político alimentado por una desmedida sed de venganza contra una SCJN que no se plegó a los deseos del entonces presidente López Obrador.

Ahora, en diversas colaboraciones en este espacio, señalé que la elección de ministros, magistrados y jueces no es una buena idea, entre otras razones, por los elevados riesgos de captura no solo por parte del poder político, sino peor aún, por parte de quienes financien la victoria electoral de jueces o magistrados, riesgo que ha sido alertado de manera reiterada, pues es evidente el incentivo perverso para que el crimen organizado invierta en juzgadores que le resulten útiles o convenientes.

También advertí el enorme costo que habrá de pagar el país, por un lado, por el retraso que sufrirá la resolución de cientos de miles de expedientes judiciales que hoy están pendientes de una decisión, que pueden involucrar litigios entre personas, entre personas y autoridades, entre personas y empresas, entre empresas, o bien, entre empresas y autoridades; por otro lado, por la curva de aprendizaje que alargará aún más la resolución de esos asuntos; y desde luego, por el cambio en los principios bajo los cuales se empezarán a resolver la mayoría de los casos, sobre todo aquellos iniciados contra actos de autoridades o contra leyes. Buena parte del costo será vía el crecimiento económico que se postergará ante la incertidumbre que provocará el nuevo escenario.

Esta sospecha se acrecienta cuando vemos que la operación orquestada desde la 4T, para asegurar que todas las posiciones relevantes fueran ganadas por personajes afines y útiles al régimen actual, resultó un éxito absoluto. Porque no hay forma de ocultar que las y los triunfadores son exactamente los mismos que aparecían en los “acordeones” que se diseñaron y se distribuyeron desde los pasillos del poder. Esos “acordeones” no aparecieron por “generación espontánea”, ni fueron producto de un súbito fenómeno viral en redes sociales.

Hay quienes se empeñan en afirmar que esa forma de inducir el voto no es ilegal. Quizá no lo es porque se niegan a investigar quién los produce, con qué recursos y cómo los distribuye. Y bueno, para coronar la percepción de que las autoridades electorales fueron funcionales al régimen en este proceso electoral, la decisión excesivamente tardía del INE “para inhibir la entrega física de los denominados «acordeones» relacionados con la elección extraordinaria para personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial” es una mera tomada de pelo.

En realidad, la distribución descarada de los “acordeones” y su utilización permitida al momento del llenado de las boletas, es un signo elocuente del fracaso de la populista idea de elegir a los juzgadores en las urnas. No se puede someter a las personas a un proceso de decisión tan tortuoso. El abrumador desdén de los mexicanos por la elección judicial refleja que es falso que el tema haya sido una exigencia ciudadana en junio del 2024. Politizar la impartición de justicia erosiona la independencia del Poder Judicial. Que casualmente los triunfadores sean aquellos que aparecían en los “acordeones” promovidos por personeros de la 4T, es un mal signo para la república. Equivale a que los Poderes Ejecutivo y Judicial residan en una misma persona, lo que es indeseable.

*El autor es economista.

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