El umbral de la soberanía

La polémica por el aterrizaje de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el aeropuerto internacional de Toluca generó un innecesario desgaste al discurso oficialista sobre la cooperación en materia de seguridad con la administración Trump.

¿Una polémica innecesaria? Ahora queda confirmado lo que ya se había denunciado por distintos medios: la Fuerza Aérea estadounidense frecuentemente usa ese aeródromo —y no la base militar de Santa Lucía— con pleno consentimiento de sus contrapartes.

Las explicaciones ofrecidas por los funcionarios y legisladores oficialistas fueron refutadas, con documentos. Inicialmente, por el dictamen elaborado en el seno de la Comisión de Marina del Senado de la República, para examinar la solicitud formulada por la secretaria de Gobernación, para permitir el ingreso de militares estadounidenses a territorio nacional, como parte de los entrenamientos de las fuerzas de operaciones especiales que tendrían verificativo entre el 19 de enero y el 15 de abril del 2026.

La solicitud fue turnada por la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, el 18 de diciembre. “La solicitud de marras, en la parte medular, solicita el ingreso a territorio nacional de una delegación conformada por 19 elementos Navy SEAL’s y 10 elementos del 7º Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos”, especificaba el borrador del dictamen. “La delegación ingresaría con armamento a bordo de una aeronave militar tipo Hercules c-130 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos”.

Para validar ese dictamen, la Comisión Permanente debía convocar al Pleno de la Cámara Alta para una sesión extraordinaria que originalmente estaba contemplada para la primera semana hábil del 2026. La intervención estadounidense en Venezuela habría sido el factor que anuló el programa de intercambio, por el que oficiales castrenses mexicanos hubieran recibido entrenamiento en Camp Shelby, Mississippi.

“La Comisión de Marina convocó a sesión, a efectos de preparar el dictamen”, confirmó el líder de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández. “(Pero) No hubo condiciones, no había quórum y se decidió de última hora retirar el dictamen del orden del día de la Comisión”. Ese órgano legislativo no tuvo injerencia en la autorización del aterrizaje del Hércules C-130, el pasado sábado 17.

El Consejo Nacional de Seguridad —ahora se sabe—autorizó el traslado de 39 miembros de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De esa corporación de élite no hubo noticias hasta marzo del año pasado, por distintas versiones periodísticas, aunque ya operaba de facto y sus elementos se identificaban mediante uniformes con la leyenda “SSPC Operaciones Especiales”. El 1 de diciembre del 2024, en el Diario Oficial de la Federación apareció el acuerdo que creó una subsecretaría de Inteligencia en la SSPC a la que estarían adscritos los comandos de la UNO, “el mejor escudo de México”, se hacen llamar.

El proyecto de dictamen, filtrado por el priista Manuel Añorve, y el radiograma de la Comandancia del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, en respuesta a las notas generadas por el coronel Keith Wiedner, agregado militar de la embajada de Estados Unidos en México. Durante la estancia de Kenneth Salazar como embajador no hubo agregado militar. Y hasta mediados del año pasado, el coronel Wiedner —formado en el Cuerpo de Marines— estuvo en San Salvador.

¿Colaboración incómoda? Triste precedente para la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos que sesionará en Washington D.C. a finales de esta semana. El respeto a la soberanía e integridad territorial es la demanda permanente de la delegación mexicana, así como en la confianza y el respeto mutuo, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación con resultados, sin subordinación…