Este ingreso del gobierno está creciendo rápido

Cualquier negocio cuyos ingresos crezcan a un ritmo anual del 3 por ciento en México va bien.

Este que les cuento no es un negocio, sino una actividad del gobierno, y este año sus ingresos por esta vía crecen a un ritmo del 3 por ciento en términos reales; es decir, ya descontada la inflación. Lo anterior, pese a que la economía batalla para crecer siquiera 1 por ciento anualmente.

Esos ingresos corresponden a la captación de recursos provenientes de la gente que importa mercancías: prácticamente todo lo que entra legalmente al país.

Los ingresos de Hacienda por impuestos a la importación acumularon más de 74 mil millones de pesos de enero a mayo de 2026, y una nueva medida torcerá aún más el brazo a los importadores, lo que supone una mayor recaudación. Ojo: ustedes podrían terminar pagando eso, porque todo cargo acaba incorporándose al precio final.

¿Por qué podrían crecer estos ingresos? A partir del 1 de agosto de 2026 entra en operación la Manifestación de Valor Electrónica, conocida como MVE. Será obligatoria para todas las operaciones de importación formal en México.

¿Qué es la MVE? Es el documento electrónico mediante el cual el importador declarará —bajo su propia firma digital— el valor de las mercancías que está introduciendo al país: precio pagado, fletes, seguros, regalías, comisiones, descuentos y relación con el proveedor. Todo. Y lo firma él o ella, no su agente aduanal.

Ojo, porque ahí está la clave. Hasta ahora, quien firma el registro de entrada de un producto es el agente aduanal que atiende a la empresa, y la responsabilidad de esta queda desvanecida. En el COVE, el Comprobante de Valor Electrónico que ya opera, el importador no tiene que validar formalmente nada.

Con la MVE, el importador se convierte en corresponsable directo. Debe revisar la información, confirmar el método de valoración aduanera y firmar con su e.firma. Sin esa firma, el agente no puede presentar el pedimento. Sin pedimento, la mercancía no entra.

La lógica detrás de esto es, cuando menos, clara: la desconfianza en ustedes, importadores, ante la posibilidad de que estén declarando precios menores por los productos que introducen al país, lo que supondría que están pagando menos impuestos.

Vamos de nuevo a lo que he publicado aquí antes: la profunda desconfianza del gobierno en los ciudadanos que mueven la economía.

Con dos declaraciones independientes, la del agente y la del importador, la autoridad aduanera tiene más herramientas para detectar inconsistencias. ¿La lógica? Más corresponsabilidad, más recaudación.

El problema es que la corresponsabilidad tiene costos reales.

La posibilidad de que, en efecto, algunos importadores hayan incurrido en ilegalidades que ahora deberán corregir implica un alza en los precios declarados y en los impuestos que paguen.

Es lo correcto en términos de la ley. Pero sus efectos pragmáticos también deben considerarse: la mercancía se encarece por ese solo hecho y después llega al estante del súper o de la tienda.

Además, la MVE implica nuevas tareas para alguien dentro de la empresa importadora.

Representa llenar más documentos: cargar facturas, contratos, órdenes de compra, documentos de transporte, comprobantes bancarios y cartas explicativas cuando no existe un contrato formal con el proveedor. Todo debe presentarse en formato PDF, en escala de grises, con un peso menor a 3 MB, a 300 DPI, sin formularios ni páginas en blanco. Y si el trámite se inicia y no se completa en 48 horas, expira.

El despacho legal Holland & Knight advirtió que la omisión en la transmisión de la MVE, así como la entrega de documentos con datos inexactos, falsos o incompletos, puede dar lugar a multas por cada documento afectado.

Paradójicamente, esta nueva carga abre oportunidades de negocio para quien pueda reducirla. La startup mexicana Camtom, dedicada a simplificar trámites aduanales, promete reducir en 90 por ciento el proceso de la MVE, capturando los COVE y validando lo que pide el SAT para que la empresa importadora solo tenga que confirmar la información con su firma electrónica.

Lo correcto es que cada quien pague los impuestos que le corresponden. Lo irónico es que esta nueva regla se aplique a quienes mueven el comercio exterior, uno de los pocos motores que funcionan bien en el país.