Esta crisis energética exige una estrategia industrial verde

LONDRES – La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha desestabilizado todo Oriente Medio, ha causado un enorme coste humano y ambiental, y ha provocado una de las mayores fluctuaciones en los precios del petróleo jamás registradas. Con las repercusiones extendiéndose por los mercados bursátiles mundiales e impulsando el endeudamiento público, los responsables políticos deben reconocer que este tipo de crisis energética no es un hecho aislado ni pasajero. Representa nuestra nueva realidad.

En una era de inestabilidad geopolítica, la resiliencia económica exige cambiar no solo el tipo de energía que consumimos, sino también cómo, dónde y quién la produce. Mediante una estrategia industrial verde orientada a objetivos y un marco macroeconómico que respalde la inversión pública estratégica, los gobiernos pueden contribuir a garantizar el nivel de vida y, al mismo tiempo, fortalecer la resiliencia económica.

Las medidas inmediatas para proteger a los hogares y las empresas de la crisis deben diseñarse para impulsar objetivos económicos más amplios. Si una política solo sirve para apuntalar las ganancias de los combustibles fósiles, debe considerarse un fracaso.

Es el momento de un nuevo enfoque. Las crisis energéticas inflacionarias provocadas por conflictos geopolíticos son cada vez más frecuentes. Irán amenazó con cerrar el estrecho de Ormuz durante la guerra de 12 días en junio pasado, y ahora ha cumplido su amenaza, lo que ha disparado los precios del petróleo crudo por encima de los 100 dólares por barril por primera vez desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

El Reino Unido, que hace cuatro años fue el país más afectado de Europa Occidental debido a su gran dependencia del gas natural y a la grave falta de capacidad de almacenamiento, sirve de advertencia para cualquier país que aún esté dispuesto a arriesgarse a sufrir fuertes interrupciones en el suministro. A pesar de los avances logrados por el secretario de Energía británico, Ed Miliband, en su iniciativa de “Energía Limpia” para descarbonizar la red eléctrica, la relación entre los precios del gas y la electricidad persiste. Los precios mayoristas de la energía en el Reino Unido se han disparado cerca de un 50% desde el inicio de la guerra con Irán.

Sería un error que las economías desarrolladas siguieran el ejemplo del presidente estadounidense Donald Trump y redoblaran su apuesta por los combustibles fósiles, que están provocando la volatilidad de los precios de la energía y sirviendo como moneda de cambio en las negociaciones militares. El Reino Unido —y todas las demás economías— estarán más seguras si el suministro de electricidad proviene de fuentes limpias y de producción nacional y, más allá de la red eléctrica, transforma nuestra forma de movernos, construir y vivir.

Pero lograr este objetivo requiere una acción coordinada entre los departamentos gubernamentales que supervisan vivienda, transporte, ciencia y tecnología, y finanzas. Las misiones gubernamentales deben establecer una meta ambiciosa y clara que todos los ministerios pertinentes puedan perseguir, ya que así se movilizan las inversiones intersectoriales necesarias.

La perspectiva de una nueva crisis del coste de la vida se cierne sobre nosotros como consecuencia de la crisis actual. En el Reino Unido, por ejemplo, la previsión de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria de reducir la inflación del 3.4% al 2.3% este año ya se ha visto frustrada , y la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, se enfrenta a una creciente presión para proteger a los hogares de mayores dificultades. Los alimentos y la energía representaron aproximadamente la mitad del aumento del 9% en los precios al consumidor en el Reino Unido en 2022. Es muy probable que se produzca una dinámica similar, incluso más potente, a medida que las amenazas geopolíticas y el cambio climático se intensifican y perturban los rendimientos agrícolas y las rutas de transporte en todo el mundo.

Además, existen pruebas suficientes de que los beneficios empresariales fueron una fuente importante de la inflación de 2022-23. La crisis energética permitió a las empresas obtener rentas —beneficios extraordinarios— simplemente por poseer activos escasos, no porque hubieran generado repentinamente ganancias productivas. El papel del gobierno es garantizar que las crisis no beneficien a un pequeño grupo de accionistas a costa de todos los demás. Con la respuesta adecuada, las crisis se convierten en oportunidades para impulsar la actividad económica real y transformaciones económicas más amplias.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y Reeves, por ejemplo, han proclamado una política de “tolerancia cero” contra la especulación de precios, para disgusto de las principales empresas de distribución de gasolina. Sin embargo, los detalles de dicha política son de suma importancia. La Garantía de Precios de la Energía del Reino Unido para 2022-23 limitó el precio que pagaban los hogares, subvencionando de facto a los proveedores y luego intentando gravar los beneficios extraordinarios. España y Portugal encontraron una mejor manera de contener la inflación limitando el coste del gas utilizado en la generación de electricidad, reduciendo así los márgenes de beneficio extraordinarios en origen.

Este segundo enfoque, combinado con un ambicioso desarrollo de energías renovables, demostró ser superior. Los precios de la electricidad en España fueron un 57% inferiores a la media europea en la segunda mitad de 2022. El elevado precio del gas ahora solo determina el precio de la electricidad el 15% de las veces en España, frente al 89% en Italia. Si el objetivo es promover el crecimiento sostenible, es preferible establecer relaciones económicas equitativas desde el principio que permitir que se acumulen beneficios monopolísticos para luego intentar gravarlos.

Las crisis energéticas repercuten en toda la economía, ya que el petróleo y sus derivados siguen siendo insumos clave para la industria manufacturera, el transporte y la agricultura. Para complicar aún más las cosas, el aumento de los tipos de interés de los bancos centrales —actualmente la principal herramienta para combatir la inflación— solo agravaría el problema. Las subidas de tipos encarecen la inversión —incluida la financiación de energías renovables, que conlleva elevados costes iniciales—, sin abordar las causas de la inflación desde el lado de la oferta.

Peor aún, las tasas de interés de los préstamos soberanos aumentarán a medida que los inversores reflejen estas tendencias, lo que frenará aún más la tan necesaria inversión pública en escuelas, sistemas de salud e infraestructura. Para evitar esta espiral descendente, los gobiernos deben dejar de depender tanto de los bancos centrales y comenzar a abordar la inflación desde su origen.

Afortunadamente, la inversión verde es beneficiosa para todos. Además de mitigar el cambio climático, sus efectos indirectos se traducen en mayor productividad, mejores empleos y un mayor nivel de vida. Una vez cuantificados estos beneficios, la inversión se amortiza sola. La semana pasada, el organismo independiente de control climático del Reino Unido confirmó que cada libra invertida en acercarse a las emisiones netas cero genera entre 2 y 4 libras de valor, además de otros beneficios como un aire más limpio, hogares más cálidos y una alimentación más saludable.

Esta crisis energética representa una oportunidad para que los Estados emprendedores desarrollen las capacidades, las herramientas y las instituciones necesarias para garantizar bienes esenciales a precios asequibles, prevenir la especulación y catalizar una transformación industrial. Como señaló John Maynard Keynes hace casi un siglo, el Estado debe proporcionar orientación e inversión cuando la confianza del sector privado y del consumidor se estanca. Los gobiernos no deben permitir que este último impacto los paralice. Debe impulsar acciones decisivas para minimizar el sufrimiento humano e invertir en la resiliencia económica a largo plazo.

*La autora es catedrática del University College London, es la directora fundadora del Instituto UCL para la Innovación y el Propósito Público . Es autora de numerosos libros, entre ellos The Big Con: How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Governments and Warps Our Economies (Penguin Press, 2023) y el próximo The Common Good Economy: A New Compass (Allen Lane, junio de 2026)

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