El abasto de gasolina, a batallar de nuevo

Hace seis años, los mexicanos aprendimos lo que significa despertarse sin gasolina. La crisis de enero de 2019, desencadenada por el cierre de ductos para supuestamente combatir el huachicoleo, dejó filas de horas, parálisis en el transporte y un gobierno que negaba lo evidente. Aquella pesadilla duró 13 días. Hoy no estamos ahí, pero los indicadores apuntan en una dirección que debería preocuparnos.

De acuerdo con la muy limitada información estadística de la Comisión Nacional de Energía, presentada además en un formato poco útil, al cierre de la semana 18 del año - finales de abril, principios de mayo – México contaba con inventarios por 5 millones de barrilles de gasolina, y que el promedio de consumo diario era de 857 mil barriles diarios, lo que significa que, a esa fecha, teníamos reserva para 5.8 días. En 2023, en ese mismo momento, los inventarios sumaban 7.5 millones de barriles, y el consumo promedio rondaba los 730 mil barriles, es decir, se contaba con una reserva de 10.3 días, y eso que ahora tenemos la nueva refinería de Dos Bocas, que se supone vino a resolver problemas de soberanía energética.

O sea, menos colchón, pero más presión: lo que reduce el margen de maniobra del sistema ante cualquier contingencia. Y las contingencias, en este contexto, no son hipotéticas.

En estos días, según algunos reportes en prensa, al menos 11 entidades federativas reportan afectaciones en el suministro de Magna, Premium o diésel. Aguascalientes y Zacatecas encabezan la lista con desabasto confirmado. El Valle de México tiene inventarios para apenas tres días, muy por debajo de los cinco que exigía la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos para el período 2020-2025 para cada permisionario comercializador. Pero bueno, se empeñaron en desmantelar el andamiaje institucional para el sector energético y ya hasta olvidaron publicar una nueva política de almacenamiento. Lo que ilustra dónde estamos parados.

Pemex ha respondido con parches: diésel de Zapopan a Lagos de Moreno, combustibles de El Castillo a Manzanillo, diésel de Saltillo a Monclova. Una logística de emergencia que revela que el abasto ordinario ya no alcanza.

La explicación es multivariada. La primera es el mercado global: el conflicto en Medio Oriente elevó el precio de importación de la gasolina casi 59% entre febrero y mediados de abril, y el costo del flete marítimo de refinados desde Estados Unidos pasó de 225 mil a 415 mil dólares por envío en el mismo período. Pemex importa cerca del 70% del combustible que consume el país. Comprar caro y vender barato, en volúmenes de esa magnitud, produce déficit, no política energética.

La segunda es la política de precios. La Magna lleva más de un año topada en 24 pesos por litro sin decreto que lo respalde, un “pacto voluntario” sin sustento financiero; el diésel, congelado en 27. Cuando los costos de importación se disparan y el precio de venta permanece fijo, y el gobierno no abre la cartera, las cuentas dejan de cuadrar. Los empresarios gasolineros lo saben: antes de que el desabasto se generalizara, cuatro de cada diez estaciones ya vendían diésel por encima del tope. Ahora reducen pedidos y eligen qué estaciones mantener abiertas. No es sabotaje: es aritmética.

La tercera variable que explica la situación es el modelo. La actual administración, como la anterior, apostó a que Pemex sea el gran proveedor del mercado, incluso de la gasolina que se importa. Una empresa que en marzo registró 25 interrupciones en sus terminales de almacenamiento y en abril llegó a 34. Los importadores privados han respondido racionalmente: reducen volúmenes ante la imposibilidad de operar con rentabilidad. La obsesión por mantener a Pemex en el centro del sistema no es solo una decisión de política industrial, es una apuesta de riesgo que el ciudadano paga en la fila de la gasolinera.

No estamos ante el colapso de 2019, que fue una decisión torpe y corregible en dos semanas. Lo que tenemos hoy es más preocupante: la acumulación de un modelo que erosiona la capacidad de respuesta del sistema. Un gobierno que deposita la seguridad energética en una paraestatal en crisis permanente congela precios sin decreto y llama “voluntario” a lo que es un control sin sustento, mientras elige confrontarse con su vecino del norte envuelto en retórica soberanista que pronto se evaporará. La 4T, lejos de fortalecerlo, lo ha hecho más vulnerable. La soberanía energética no se mide en discursos, se mide en días de inventario.