Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), los ingresos tributarios del gobierno federal son muy bajos. En el 2017 apenas representaron 13.1% del PIB.

Entre los 37 países de la OCDE, nuestro país está en el último lugar en lo que este porcentaje se refiere. Para Chile, que ocupa el penúltimo lugar, la cifra es de 20.16 por ciento.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), México podría aumentar la recaudación hasta 22% del PIB.

En marzo pasado, la Secretaría de Hacienda informó que la evasión fiscal equivale a entre 3 y 4 puntos del PIB, lo que representa 1 billón de pesos. De combatirse exitosamente la evasión y elusión fiscales, los ingresos tributarios podrían representar entre 16 y 17% del PIB.

Con el propósito de acabar con los evasores fiscales, la fracción de Morena en el Senado presentó un proyecto para reformar diversas leyes y códigos.

De aprobarse, serán considerados como miembros de la delincuencia organizada los que cometan el delito de “defraudación fiscal (...) defraudación fiscal equiparada (...) exclusivamente cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación (...) y actos ilícitos en contra del fisco federal”.

La propuesta propone la “prisión preventiva oficiosa” para los que sean acusados de los delitos arriba anotados, así como para quienes sean sospechosos de participar en “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

Es decir, que será encarcelado sin derecho a fianza y enfrentará su juicio en prisión, sea culpable o no, quien sea acusado de defraudarle al fisco siete millones de pesos o más, o de estar involucrado en el tráfico de facturas falsas.

Esa persona recibirá el mismo trato que un capo del narco, un jefe de una banda de secuestradores o de un grupo de sicarios o cualquier otro criminal que pertenezca a la delincuencia organizada que ha corrompido a la mayoría de las instituciones nacionales, causado cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos y cometido incontables delitos contra la integridad física y el patrimonio de los mexicanos.

Quien comete los delitos considerados en la propuesta morenista dañan al país, pero no de la misma manera en que lo hacen quienes pertenecen a la verdadera delincuencia organizada; deben ser castigados, pero no se les debe dar el mismo trato que a los criminales más violentos.

La legislación fiscal vigente hace que pagar impuestos en México sea complicado y es muy probable que por un error propio o de un contador un causante acabe en la cárcel sin derecho a fianza. Aún más, la mayoría de los delincuentes fiscales, aunque sean culpables, tampoco merecen ser tratados como si fueran el Chapo Guzmán.

Antes de arriesgar ir a la cárcel, muchas personas preferirán llevar sus negocios a otro país o de plano dejarán de invertir y generar la riqueza y los empleos que el país requiere.

Será un grave error si los senadores morenistas aprueban su proyecto tal como lo presentaron. Sólo los peores evasores fiscales deben enfrentar su juicio en prisión.

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Eduardo Ruiz-Healy

Periodista y productor

Columna invitada

Opinador, columnista, conferencista, media trainer, 35 años de experiencia en medios de comunicación, microempresario.