Es sorprendente la velocidad con la que el gobierno de López Obrador destruye instituciones, viola la Constitución, la ley e infinidad de tratados internacionales. La concentración de poder en su persona ha sido inmensa pero no suficiente para que los inversionistas estén inermes. La defensa de la inversión, la propiedad y el libre mercado se dará en miles de frentes y por miles de personas. El caso más reciente y que ejemplifica el rostro del sexenio, tiene que ver con la violación flagrante a la Constitución y la ley, mediante un acuerdo de la Secretaría de Energía que en los hechos sustituye el régimen de libre competencia en el mercado de generación de electricidad por uno de economía centralmente planificada, con el exclusivo propósito de beneficiar a las obsoletas plantas de carbón y combustóleo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (y al amigo del presidente dueño de minas de carbón y a Pemex, productor de un deplorable combustóleo altamente contaminante y prohibido en el resto del mundo). El pretexto inicial fue la pandemia del SARS-CoV2, que evidentemente no tiene nada que ver; después ya no hablan del virus, sino de un supuesto problema de “confiabilidad” en el suministro de energía eléctrica. De repente, y a diferencia de lo que pasa en todo el mundo, resulta que es un grave problema la intermitencia y el control del voltaje en las plantas eólicas y solares, problema que no existía antes y no existe en otros países, o quizá fue causado por el virus. No lo sabemos.

Para no quitarle el tiempo con más rollo, le resumo el asunto: la Secretaría de Energía (y aquí incluyo al Centro Nacional de Control de Energía), con un grado de discrecionalidad que raya en lo arbitrario, dirá qué proyectos de energía eólica o solar pueden entrar al sistema e interconectarse con CFE y cuáles no; aún más, puede decir quiénes se quedan y quiénes se van. No fueron omisos en el eufemismo clásico: dicen en el acuerdo que la generación y comercialización de energía se dará en un régimen de libre competencia, pero (y esto es para enmarcarlo y llorar de la emoción) “sin menoscabo al fortalecimiento y soberanía del Estado en materia de electricidad”. Traduzco: CFE lleva mano y el gobierno juega para ella.

Esto, en mi opinión, y a reserva de analizar cada caso en particular, puede ser considerado una expropiación indirecta de conformidad con diversos tratados comerciales y de protección a las inversiones firmados y ratificados por México. No deben confundirse ciertos recursos legales en México, como el amparo, con los arbitrajes internacionales en materia de inversión, ya que sus objetivos son distintos.

Por último, y dada la postura adoptada por Canadá y varios países europeos, no pueden descartarse arbitrajes internacionales Estado-Estado por la violación no sólo de acuerdos comerciales sino de tratados internacionales en materia de protección al ambiente. En 2015, México estableció con la Agencia Internacional de Energía Renovable que para el 2024, 35% de la energía eléctrica sería generada por energías limpias. En el marco del Acuerdo de París, México se comprometió a reducir el 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y el 51% respecto a sus emisiones de carbono negro.

Afortunadamente, existe el derecho internacional y López Obrador no lo puede destruir en una mañanera. Desafortunadamente, a los mexicanos sólo nos queda, por ahora, el poder judicial.

Gerardo Soria

Presidente del IDET

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Abogado especialista en sectores regulados. Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). Doctorando en letras modernas en la UIA.