Sin conocimientos de causa

La historia de las relaciones Estados Unidos-América Latina está llena de reclamos, algunos válidos y otros no tanto. En las últimas tres décadas, el reclamo latinoamericano se ha concentrado en la incapacidad del gobierno estadounidense de reconocer y reducir la aparentemente insaciable demanda de drogas en su país. Durante muchos años, hay que decirlo, el reclamo era legítimo: el presupuesto federal estadounidense siempre estuvo fuera de balance y se priorizaron las estrategias de reducción de la oferta más que de reducción de la demanda. El desbalance era tal que durante varios años casi 70% del presupuesto de la guerra contra las drogas iba, mecánicamente, a actividades de procuración de justicia y a estrategias de reducción de la oferta en el resto del mundo.

Las consecuencias, todos lo sabemos, han sido nefastas y con costos altísimos para todos los países involucrados. En Estados Unidos, la población carcelaria creció 13 veces en los últimos 25 años: hoy, uno de cada 31 estadounidenses está en prisión, la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Casi 30% de los prisioneros de ese país están acusados de algún delito relacionado con las drogas y, en términos estrictamente económicos, Estados Unidos gasta 182,000 millones de dólares anuales en costos asociados con el problema de las drogas. El número de adictos no ha bajado y el precio de las drogas en las calles de ese país ha disminuído consistentemente desde los 80. En suma, la política antidrogas estadounidense ha sido un fracaso.

Sin embargo, nuestra aproximación al problema de las drogas ya no puede ser el mismo que antes. Los mexicanos debemos hacer la tarea y revisar qué está haciendo Estados Unidos en materia de reducción de la demanda. Un simple vistazo a lo que está sucediendo a nivel estatal nos abriría los ojos.

Aunque la palabra legalización está todavía fuera del vocabulario, varios estados han dado pasos importantes hacia la despenalización de la marihuana para usos medicinales, otros han cambiado sus leyes y han reforzado la prevención y el tratamiento y otros más han desafiado abiertamente al gobierno federal para comenzar a gastar el dinero de forma distinta, privilegiando lo que consideran es una mejor estrategia en términos de costo-beneficio: la reducción de la demanda de drogas. Todo esto en los últimos años, después de darse cuenta de que combatir al mounstro de 1,000 cabezas del narco –como hacemos en México– es una política inútil y costosa.

A este fuerte movimiento estatal para revertir el desbalance en la estrategia contra las drogas debe sumarse la administración del presidente Barack Obama. Al respecto tenemos buenas señales. En primer lugar, Obama nombró como segundo de a bordo en la Oficina Nacional de Control de la Política Antidrogas a un reconocido científico en el campo de combate a las adicciones. Hasta ahora, la ONDCP ha trabajado con el prespuesto que le dejó George W. Bush. En Febrero Obama presentará el nuevo presupuesto, en el que se espera haya cambios significativos para reducir la diferencia entre el presupuesto de reducción de la oferta y de la demanda. El presidente también decidió que las fuerzas federales no intervendrían en los estados para perseguir a aquellos que rodujeran o comercializaran marihuana para fines medicinales, una práctica hasta entonces común.

La política estadounidense está en transformación. México, y el resto de Latinoamérica haría bien en apoyar este cambio, más que reclamar sin mucho conocimiento de causa. Pero, sobre todo, México debería aprender a no replicar un esquema de lucha contra las drogas que se ha comprobado, está rebasado.

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