Como ni la formalidad, ni el orden, ni el estricto respeto a la ley han estado presentes en la licitación en curso de medicamentos y demás insumos para la salud, ya se ve venir una ola de amparos de parte de empresas participantes en la proveeduría de productos vitales para el funcionamiento del sistema nacional de salud.

La búsqueda por los máximos ahorros y lucha anticorrupción de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente la oficial mayor Raquel Buenrostro, quien lidera el proceso —por más que diga que sólo es acompañante de la Secretaría de Salud—, está estirando demasiado las cosas y presionando a tal grado a la industria que la compra consolidada parece estar al borde del colapso.

Recurrir a la protección de la ley es la única opción que están viendo muchas empresas e incluso agrupaciones gremiales ante la incertidumbre, como la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), presidida por Cecilia Bravo.

De hecho, los amparos empezaron desde abril de parte de las empresas distribuidoras Fármacos Especializados y Maypo en defensa al veto sin sustento ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo más sorprendente es que, pese a todas las evidencias de que hoy el gobierno no tiene forma adecuada y eficiente de hacer el reparto, las autoridades se sostienen en su experimento generando desconcierto para todo el sector salud. La incertidumbre es por el propio reparto —pues en medicinas el efecto puede depender de su correcto manejo— pero también por los tiempos tan acotados para realizarlo. Si se cumple la fecha del fallo final para el 20 de junio —de lo cual no hay certeza, pues las fechas de todo este proceso se han venido cambiando múltiples veces—, los proveedores tienen unas cuantas semanas para hacer entregas.

Al respecto nos enteramos de que hace unos días hubo una visita de funcionarios del equipo de Hacienda a las instalaciones tecnologizadas de Maypo. Podría tomarse como señal de que estarían reconsiderando aprovechar los servicios de estas distribuidoras especializadas para evitarse el caos absoluto inevitable si insisten en hacerlo a su modo.

Lo que es un hecho es que, al margen de lo que suceda con la distribución, el propio proceso de licitación se viene descarrilando sin que al parecer los organizadores alcancen a dimensionarlo.

Los funcionarios de la Secretaría de Salud y de SHCP han forzado las cosas a tal grado —supuestamente apegados a la ley de adquisiciones, pero sólo en apariencia—, que no están viendo la responsabilidad asumida de firmar documentos fuera de la norma. Una muestra es el acta de la Junta de Aclaraciones. Nunca antes se había visto un acta de 1100 páginas con 5,775 respuestas a dudas de los proveedores. En muchos casos es la misma respuesta a miles de preguntas distintas o la palabra “no aplica” o “no se acepta” o algo parecido. En otras, hacen ver que no les interesan las especificaciones del producto más allá de lo que piden, evidenciando que llevan dedicatoria, es decir, que sólo pueden ser cubiertas por una empresa concreta.

El gran riesgo de forzar las cosas, imponer condiciones fuera de la realidad y estirar la liga más allá de lo razonable, es que se declaren desiertas muchas de las claves de medicamentos vitales, con el muy elevado costo que ello significará para los pacientes. A menos que al final de todo este experimento declaren que era un ejercicio y decidan mejor regresar a los contratos firmados en diciembre. Para todos, incluido el gobierno y los pacientes, sería lo mejor que pudiera suceder.

Maribel Ramírez Coronel

Periodista en temas de economía y salud

Salud y Negocios

Comunicadora especializada en salud pública y en industria de la salud. Cursando la maestria en Administración en Sistemas de Salud en FCA de la UNAM.

Fundadora en 2004 de www.Plenilunia.com, concepto sobre salud femenina. Me apasiona investigar y reportar sobre salud, innovación, la industria relacionada a la ciencia, y encontrarle el enfoque de negocios con objetividad a cada tema.