En el 2016, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) reportó que, durante ese año, se presentaron 676 denuncias penales, demandando la imposición de multas de hasta 40 millones de pesos.

Estos impactos negativos pueden representar un riesgo para los proyectos e inversionistas, al afectar su viabilidad financiera y la reputación de las empresas involucradas.

Muchos de estos riesgos pueden ser gestionados y evitados a través de iniciativas voluntarias como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

La Organización Internacional para la Estandarización define la Responsabilidad Social Empresarial como “la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el ambiente mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, que toma en consideración las expectativas de sus partes interesadas, que cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, y que está integrada en toda la organización y se lleva a la práctica en sus relaciones”.

Según el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial, las empresas con una adecuada gestión de la RSE observan beneficios directos tales como una mejor calidad del entorno laboral, mejoras en la perspectiva social sobre la empresa, facilidades para el acceso a los mercados internacionales, aumento en las ventas al diferenciar productos y servicios, mejora en la calificación de riesgo financiero, acceso a financiamiento de mayor plazo y menor tasa así como la relación de la empresa con sus grupos de interés, tales como trabajadores, clientes, proveedores y organizaciones de la comunidad en donde se encuentra localizada la empresa.

Al respecto, hace algunos años se planteó la RSE como aquella que transforma las actividades de la red de valor en beneficio de la sociedad.

Lo anterior, reforzando la estrategia de la empresa, identificando sus impactos económicos, sociales y ambientales para potenciar su contexto competitivo.

En el mismo sentido, se observa una tendencia en la que un gran número de consumidores están dispuestos a pagar un sobreprecio por productos que respondan a los principios de sostenibilidad, que incluyen la vigilancia del bienestar de la gente involucrada en los procesos productivos, el impacto ambiental mínimo así como la implementación de prácticas socialmente responsables.

En la continuación de esta nota comentaré qué sucede con la RSE en la agroindustria mexicana.

* Ivonne Odette Serrano Ríos es Especialista de la Subdirección Técnica y de Redes de Valor. “La opinión aquí expresada es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA”.