A partir del ascenso al poder de Néstor Kirchner, de acuerdo al estudio de Alejandro Labat en la revista Economía de la UNAM, Argentina vivió un proceso muy dinámico de crecimiento económico. Durante ese periodo el PIB creció a una tasa anual del orden de 8 a 9% y debe tener lugar un proceso de reindustrialización, encabezado por la industria automotriz (25% medio anual de crecimiento salvo crisis del 2009) y su creciente integración con la de Estados Unidos, y buscar la de otros países. En el frente internacional hubo un gran desendeudamiento externo y un elevamiento muy grande de las exportaciones y la de capacidad de importación. El desempleo descendió muy rápidamente a tasas de 5% anual durante los primeros años, con fuerte elevamiento del salario, sobre todo después del 2005.

También hubo una gran mejoría de los principales indicadores sociales como reducción del desempleo y logros también muy importantes en seguridad social, educación o salud, y bastante menos en vivienda, donde no se lograron fuertes avances en abatir el gran rezago habitacional. Este rápido proceso de crecimiento económico y social se basó en objetivos como la recuperación y el fortalecimiento del Estado nacional, la construcción de una economía de producción y trabajo, la inclusión social y el desarrollo del mercado interno dentro del marco de la integración regional y la globalización.

En general, el plan fue exitoso, a pesar de que rompieron las reglas de ortodoxia del Consenso de Washington y del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, de acuerdo a economistas como Stiglitz y José Luis Calva, ha sido el mejor programa anticrisis de los gobiernos latinoamericanos de las últimas décadas.

En este caso, el propio Stiglitz menciona que la crisis actual es distinta. Esto nos lleva —a nuestro juicio— a que se deban aplicar medidas distintas.

Algunos autores han abierto la alarma del riesgo por la creación de gasto masivo público por parte del Estado sin reglas claras. Estimamos, que sin dejar de tomar en cuenta este riesgo, el Estado debe actuar rápido. Además, estimamos que un plan que proteja a los 62 millones de mexicanos que viven en niveles de pobreza no sería necesariamente costoso (son personas que viven con 2 dólares al día).

Sin embargo, en momentos de cambios de paradigmas, aunque muchas de estas cuestiones ya fueron señaladas por Ulrich Beck, en su libro Un nuevo mundo feliz, de hace más de 20 años se necesita un nuevo despertar de la sociedad civil, a través del trabajo cívico, que puede ser fundamental para salir de la crisis. Instrumentos fiscales y laborales adecuados podrían detonar esta medida. Un plan de microcréditos y de política pública para las mipymes mexicanas no tendría que ser costoso.

No es el remedio acudir a tradicionales políticas keynesianas de gasto público. Es utópico pretender lograr medidas de pleno empleo. Esta crisis llevará a una más rápida transición hacia la sociedad del conocimiento y el postcapitalismo: las medidas para acelerarlo irán en la línea correcta. Debemos buscar una manera de gravar fiscalmente a 1% para obtener el dinero para un plan de choque y establecer medidas para el protagonismo de la sociedad civil emergente, a través del trabajo cívico, como proponía Ulrich Beck.

Pero no a una economía de rescate de las grandes empresas y del capitalismo de cuates. Eso es claramente injusto y no levanta la economía popular. Hay que empezar por la economía mexicana de subsistencia y de economía social. Debemos tener un cambio de modelo de paradigmas para un plan anticrisis, que no repita las profundas injusticias de planes anteriores de rescates a empresas del sector financiero, carretero o transporte: si algo se hace por ellas, debe ser a cambio de medidas empresariales en pro del bien común, no de ampliar las ya de por sí llenos bolsillos de dólares de las grandes fortunas mexicanas.