Si los gobiernos estatales no utilizan medidas de carácter general para influir en la mayoría de las unidades económicas, los resultados de su actividad promotora del desarrollo podrían ser insignificantes. ¿Cuáles serían algunas de esas medidas?

La eliminación de un impuesto (por ejemplo el de la nómina) o de algunos derechos (licencias, permisos o trámites), que dependen de tales gobiernos, liberaría recursos que esas unidades utilizarían eventualmente para llevar a cabo acciones convenientes a sus intereses. ¿Las empresas tienen necesidad de elevar su productividad? Probablemente sí, cuando en los mercados existe competencia.

Un objetivo de la Ley de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo del Estado de Yucatán es: Promover programas de capacitación, adiestramiento laboral, investigación, desarrollo e innovación tecnológica para elevar la calidad y productividad en las empresas o unidades económicas .

Supongamos que en Jalisco se quisiera hacer lo anterior. Según los censos del 2009, en esta entidad había cerca de 300,000 unidades económicas en establecimientos fijos.

¿En cuáles se promoverían tales programas? ¿En los de los cuatro municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, donde están más de la mitad de esas unidades, o en otros? ¿En las actividades terciarias, donde está cerca de 88% de las unidades o en otras? ¿En las de menor número de trabajadores (hasta cinco), o sea 85% del total, o en el resto?

Ahora, imaginemos que en Jalisco se quisiera hacer lo que pretende la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo: Son objetivos de esta ley en materia de empleo […] Inducir la transferencia de las personas ocupadas en actividades urbanas o rurales de baja productividad e ingresos a otras actividades de mayor productividad .

Si los establecimientos más pequeños (con hasta cinco personas ocupadas) son menos productivos que los de 51 a 100 personas, un paso para aumentar la productividad de aquéllos sería transferir su personal a éstos. Esto equivale a que, en promedio, éstos recibieran 50 personas.

¿Cómo se haría esta transferencia? ¿Habría que preguntar a un consejo consultivo? Dudo que sepa cómo (la ley de Quintana Roo no prevé un organismo de este tipo, pero otras sí: en Yucatán, el Consejo Estatal Consultivo para el Desarrollo Económico y Fomento al Empleo; otros son el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de Michoacán y el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de Tamaulipas).

La asignación de recursos en sus mejores usos es tarea de muchos miles de personas que, día con día, toman decisiones.

¿Qué puede hacer el gobierno de Jalisco para que quienes laboran en los micronegocios con establecimiento en el ámbito no agropecuario (una cuarta parte de la población ocupada en el primer trimestre del 2011, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía), aumenten su productividad? ¿Darles subsidios o eliminar obstáculos creados por los gobiernos municipales?

Finalmente, pensemos en un universo más pequeño y visible: las casi 300,000 personas que laboran en Jalisco en establecimientos con 51 a 250 trabajadores y cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿podrían absorber a los casi 323,000 que están empleados en establecimientos con seis a 50 trabajadores si, por ejemplo, quedaran exentos del impuesto a la nómina?

Las leyes estatales de desarrollo económico tienen propósitos loables, pero….

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