El Procampo -programa de subsidios al campo, manejado por la Sagarpa- es un ejemplo palmario de cómo un importante grupo de interés es capaz de extraerle un renta considerable al Estado y de provocar con ello profundos impactos ecológicos en el territorio nacional. Se trata de una subvención directa a productores agrícolas, que en teoría sustituye a los antiguos precios de garantía que eran aprovechados a través de la comercialización.

El Procampo cubre en la actualidad alrededor de 14 millones de hectáreas tanto en el ciclo primavera-verano como otoño-invierno. Cuesta 17,000 millones de pesos aproximadamente, que se aplican a cuatro millones de predios, y benefician de manera indistinta a 2.7 millones de personas físicas o morales en tierras ejidales, comunales o individuales, bajo título formal de propiedad o posesión de buena fe (arrendamiento, usufructo).

Cabe observar que el Procampo no contempla ningún tipo de contraprestación social o en materia de bienes públicos por parte de los beneficiarios; constituye una transferencia unilateral (regalo) en los términos que el propio programa define. Los recursos del Procampo se pagan por hectárea: alrededor de 1,000 pesos por ciclo agrícola, hasta en 100 hectáreas. Así, un agricultor de riego (en dos ciclos) puede recibir graciosamente de los contribuyentes un obsequio de 200,000 pesos cada año. Qué bien, ¿no?

El argumento central para justificar el Procampo es que otros países conceden subsidios astronómicos a sus agricultores y que, por tanto, México debe actuar en consecuencia. De lo contrario, temen sus panegiristas, se derrumbaría la agricultura en nuestro país.

Es verdad que en países de la OCDE ha habido una tendencia a desacoplar subsidios y producción agrícola, es decir, a hacerlos subvenciones directas al ingreso basadas en la superficie elegible (Area Based Direct Payments) para cada propietario, tanto en Europa (Single Farm Payments en la CAP), como en Estados Unidos (Production Flexibility Contract y Direct Payments Farm Act). Sin embargo, en esos casos está prevista la conservación de tierras para restauración ecológica, a diferencia del Procampo.

Además, claro, que siendo países ricos y desarrollados, su margen de maniobra para otorgar rentas (por distorsionantes que sean) es mucho mayor que en México. El argumento no se sostiene. El simple hecho de que en otros países el lobby agrícola sea suficientemente poderoso como para extraer rentas descomunales de los presupuestos públicos no obliga a México a emularlos.

Más aún, si las circunstancias son tan disímbolas en cuanto a una transición demográfica ya culminada en ellos (Europa, Estados Unidos, Corea y Japón), a la baja productividad estructural (ecológica) e inviabilidad a largo plazo de nuestra agricultura de subsistencia y a su profundo impacto ambiental. Debe destacarse que en los países avanzados una buena parte de los subsidios directos (desacoplados) al ingreso de los agricultores se otorga condicionada a procesos de restauración ecológica (set aside), algo que en México es inexistente.

Peor aún, es sabido (aunque no hay información sistemática al respecto) que el Procampo indujo en sus orígenes o sigue induciendo la deforestación a través del cambio de uso del suelo. Por su lado, de acuerdo con la información derivada de encuestas, su impacto en la conservación ha sido prácticamente inexistente.

Pero la indudable perversión ecológica del Procampo se expresa a partir de la condición de que los predios beneficiados deben mantenerse en explotación , lo que incluye a las tierras marginales de temporal cuyos propietarios o usufructuarios están obligados a sembrar la superficie elegible, de lo contrario su registro es cancelado.

El condicionamiento de siembra y explotación (que presupone desmonte) ata a los campesinos a actividades de baja productividad y a la pobreza eterna, lastrando su emigración a las ciudades, lo que hace imposible la regeneración o recuperación natural de los ecosistemas forestales, tal y como sucede en numerosos países latinoamericanos, gracias a la globalización y a una urbanización acelerada. Al menos, esta condición de explotación en el Procampo debe eliminarse.

El Procampo no sólo es un gasto corriente injustificable desde la racionalidad del interés público, sino un mecanismo perverso de destrucción de los bienes públicos ecológicos de México: biodiversidad, otros recursos naturales, cuencas hidrográficas y capacidades de absorción de gases de efecto invernadero.