La revocación de mandato es otra coartada del poder presidencial para evadir responsabilidades de un gobierno fracasado y desviar, nuevamente, a otro lado, la atención de la opinión pública. Con la revocación de mandato, el presidente López pretende exacerbar la polarización de la sociedad mexicana, dividir y enfrentar, aún más de lo que ya lo ha hecho. Las autocracias populistas orquestan ellas mismas consultas de revocación de mandato, como ha sido el caso de Venezuela y Bolivia. Se trata de la captura y envilecimiento de un instrumento valioso de democracia directa, como pueden ser las consultas populares promovidas por la sociedad. Convocada por el presidente López (que exige sin recato al Congreso aprobar su reglamentación), la revocación de mandato tiene además la finalidad de atisbar posibilidades de permanencia en el poder más allá del 2024 por medio de un conveniente ejercicio de afirmación narcisista. En el populismo, una consulta de revocación de mandato auto-generada, anticipa una probable ruptura del orden constitucional. Por ello, simultáneamente, se cultiva la lealtad y complicidad absoluta de las fuerzas armadas a través de negocios, contratos y proyectos corruptores, y del involucramiento extendido de la milicia en actividades de gobierno. Esto, como sabemos, ocurre en todas las dictaduras.

La revocación de mandato significa, por otro lado, imponer el corto plazo y la miopía como racionalidad básica de gobierno. Implica tomar sólo decisiones que conciten el apoyo popular inmediato y soslayar políticas de larga maduración, que incluso en los inicios, pudieran provocar cierto rechazo en la población. Equivale a pervertir la gobernanza con uneterna lógica electoral; convierte a los actores políticos en adversarios automáticos, estableciendo incentivos férreos a la no cooperación; inhibe la concertación de pluralidades en aras del interés nacional; y aprisiona al poder ejecutivo en una permanente tensión que lo aleja de la planificación ordenada y secuencial, de la evaluación de políticas y de su retroalimentación y eventual corrección. Acaba con la programación racional de la administración pública y con cualquier proyecto de gobierno. Es una disrupción constitucional del mandato de seis años para el presidente de la República, que sólo tendría razón de ser en condiciones extremas de derrumbe de instituciones, caos, crisis económica, y desplome de legitimidad política del régimen. (Circunstancias a las que aún no llegamos).

De acuerdo a nuestra Constitución, la revocación de mandato debe ser convocada por al menos el 3% del padrón electoral, esto es, unos tres millones de ciudadanos. No parece imposible, si el gobierno moviliza a todos sus aparatos corporativos para lograrlo. Sin embargo, se trataría de una delirante contorsión política del partido en el poder y de sus clientelas: promover la destitución de su jefe. Difícilmente los electores van a engullir esta manzana envenenada. Llevar a cabo ahora una consulta de revocación de mandato sería ostensiblemente anticonstitucional por su carácter retroactivo. El actual presidente fue electo en 2018 por seis años, y sustraerlo del cargo sería contrario al Artículo 14 de nuestra Carta Magna. Sólo una cavernosa motivación esquizofrénica en el poder presidencial podría explicar su propia auto-remoción con base en legislación aprobada, posteriormente, en 2019. De llevarse a cabo, lo más probable sería un resultado favorable para el presidente López, independientemente que se cumpliera el mínimo para hacerla vinculante (40% de participación del padrón electoral), dadas sus estructuras clientelares hábilmente construidas con base en subsidios y dádivas generalizadas. (De la misma forma como ocurrió en Venezuela y Bolivia). Eso le daría a él razones para intentar permanecer, o al menos, conllevaría un importante empuje de movilización a su partido para las siguientes elecciones. En el caso remoto de perder (posiblemente con un número votos menor a aquel con el que fue electo), tendríamos una verdadera pesadilla, vendría otro tal vez peor – de su propio partido –  nombrado por el Congreso. Él se mantendría ejerciendo el Maximato. La oposición, y el país, perderían en cualquiera de los casos. Llegaría a la presidencia alguien no electo por la ciudadanía, algo sin duda perverso.

El presidente López debe terminar su mandato, hacerse responsable, y rendir cuentas del desastre, y así vacunarnos de una vez por todas contra el catastrófico populismo autocrático.

@g_quadri

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.

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