Lo que pasa en EU no sorprende a nadie. Un presidente irresponsable, que rescata el lema de Nixon de “Ley y orden”, contrario a las propuestas progresistas de los 60, dispuesto a todo para ganar la reelección bajo la bandera de la mano dura, frente a un conflicto que refleja los problemas de discriminación racial, el derrumbe de un estado de bienestar con impacto en la población de menores ingresos y el fracaso por combatir el racismo en las policías de ese país propiciaron niveles de protesta social no vistos en más de 50 años. 

Dos tuits que circularon en las redes ilustran las causas profundas del conflicto. Uno de Gabriel Zucman, quien señala que mientras en 1980 EU gastaba más o menos 1 punto del PIB tanto en policía, como en programas de combate a la pobreza, en la década pasada, el primer rubro alcanzó más de 2 puntos del PIB, mientras que al segundo sólo se le destinó 0.7 por ciento. El otro, del economista Mario Campa, quien muestra que en la ciudad de Nueva York, como resultado del covid--19, por cada 100,000 personas afroamericanas 1,500 adquirieron la enfermedad y 600 murieron, mientras que para el caso de los blancos 900 de cada 100,000 se enfermaron y 300 murieron.

Es claro que las condiciones de vida de la población afroamericana se reflejaron en las precarias condiciones para hacerle frente a la enfermedad y eso muestra lo estructural del conflicto. La desigualdad se ha incrementado de manera brutal en EU. Angus Deaton documentó cómo la esperanza de vida de los estadounidenses disminuyó entre el 2015 y el 2017. Los perdedores han sido los blancos de los estados rurales, pero mucho más los afroamericanos de las ciudades. Una familia blanca tiene una riqueza 13 veces mayor que una afroamericana.

Keith Payne escribió The Broken Ladder, un influyente libro sobre los efectos de la desigualdad en la sociedad y la vida de las personas. Payne cita estudios que muestran cómo los jurados estadounidenses tienden a dictar penas mayores a medida que una persona tiene un color de piel más negra, incluso para la pena de muerte. El 10% de los hombres estadounidenses de color ha estado en la cárcel.

Eso puede explicar por qué George Floyd fue asesinado por un policía de Minneapolis, a pesar de que el gobierno de esa ciudad desarrollaba un programa para combatir los abusos policiales, pero que mantuvo en servicio a un oficial con antecedentes de arbitrariedades. En Minneapolis, 60% de los actos en los que la policía utiliza fuerza física se realiza contra afroamericanos, quienes constituyen solamente 20% de la población.

Es decir, EU cada vez gasta más en policías, que no son capaces de respetar los derechos, particularmente de las minorías raciales, y, a la par, asigna mucho menos recursos a proyectos sociales que ayuden a mejorar la calidad de vida de esas comunidades. Un dato importante que arroja Payne es la evidencia de que el racismo es mucho menor en estados con menor desigualdad en términos de ingreso.

En México, la escalera está aún más rota que en EU, ya que aquí el racismo se invisibiliza. El hecho de pertenecer a una etnia, hablar una lengua originaria o tener rasgos indígenas es una desventaja social y económica casi insuperable. Eso se refleja también en abusos policiales y falta de acceso a la justicia. Un caso emblemático de abuso policial es el de Jacinta Francisco Marcial. ¿Cuántos casos de detenciones arbitrarias y sentencias injustas o excesivas tenemos en contra de personas con rasgos indígenas?, seguramente las cifras son abrumadoras y ni siquiera se les da relevancia. En este contexto de desigualdad extrema, las becas, los programas de empleo a jóvenes, las transferencias a personas con discapacidad y los préstamos a micronegocios parecen ser una alternativa para contrarrestar los efectos nocivos de las desigualdades, sin dejar de lado que se requieren políticas efectivas para combatir el racismo, aunado a un proceso urgente de concientización colectiva.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.