Desde finales de noviembre del 2018, se dio a conocer la intención del gobierno americano de regresar a México a todos los solicitantes de asilo mientras se determina su situación migratoria en Estados Unidos. Esta política entró en vigor a partir de febrero del 2019 con la firma del memorándum emitido por el Departamento de Seguridad Nacional mediante el Protocolo de Protección Migrante.

Con esta nueva política llamada “Permanece en México”, Estados Unidos obliga a las personas que buscan asilo en su territorio, a permanecer en México de forma indefinida. Este retorno empezó en el puerto fronterizo de San Ysidro-Tijuana y hasta mayo del 2019,  5,273 personas habían sido retornadas bajo estas condiciones. Dicha política es violatoria del derecho internacional y de la Ley Nacional de Migración del vecino país del norte que establece que una persona tiene derecho a solicitar asilo y define los procedimientos específicos para hacerlo, aunado a que obliga al gobierno a proveer a los solicitantes de asilo una entrevista para evaluar el miedo creíble para que aquellos que huyen de situaciones de riesgo o peligro de muerte en sus países, puedan permanecer en detención o ser liberados con permiso humanitario en dicho país. Bajo esta drástica política, todos los solicitantes de asilo tendrán que esperar meses o años mientras sus casos son turnados a una corte de inmigración que de por sí están saturadas, desapareciendo la prerrogativa de permanecer en Estados Unidos mientras los casos son analizados. Esto imposibilitará la presentación adecuada de las solicitudes y vuelve deficiente el proceso de defensa legal ya que para probar un caso de asilo es necesario un trabajo puntual, cercano y constante del abogado con el solicitante, para presentar toda la evidencia posible, incluyendo testimonios y reportes de condiciones del país de origen.

Asimismo, no están claros los procesos de implementación de dicha política y qué país cubrirá los gastos generados para la manutención de los migrantes que mensualmente oscila en los 5.6 millones de pesos. Lo más grave es la inexistencia de un plan definido de logística receptora, sobre todo en los estados del norte, quienes recibirán el mayor impacto al verse forzados a recibir y abrigar a miles de migrantes, sin contar con los recursos ni la infraestructura necesaria. Igualmente, se deben cuidar las implicaciones sociales, la xenofobia, la discriminación y la violencia en contra de los migrantes que se ha generado por la situación mediática que se ha dado en los últimos meses.

En México no se puede garantizar la seguridad de quienes serán devueltos a algunas de las ciudades más peligrosas del país, aunado a que la protección que las autoridades ofrecen es limitada y no estamos dichos para dicho reto. Esto es problemático ya que, en caso de que México aceptara ser ese tercer “país seguro” tendría que cumplir una serie de condiciones que prueben esta calidad de “seguridad”, o de lo contrario, las consecuencias legales a nivel internacional serán graves al incumplir ordenamientos tales como la Convención de Ginebra. Es evidente que el gobierno de México no ha comprendido la gran problemática que traerá consigo servir como muro de contención de la migración hacia Estados Unidos. No contamos con la capacidad material, ni logística para afrontar el reto asumido. De acuerdo con las cifras recientemente publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se reportan 676,315 arrestos en la frontera con México en lo que va del año 2019. Esto  equivale a un 99% más que el año pasado en el mismo periodo. Dichas cifras son un indicador útil para proyectar el número de personas que serán enviadas a México a raíz de la firma del acuerdo, lo cual tiene gran potencial de detonar una gran crisis humanitaria en los estados del norte de México y una diversificación de métodos de cruces irregulares en el sur.

El problema es que, tanto la frontera sur como la norte representan retos relacionados con la coyuntura migratoria en materia de seguridad pública y de seguridad nacional. Estos desafíos se agudizarán con el incremento de personas desesperadas que intenten cruzar por rutas más peligrosas, que se expongan a la contratación de “coyotes” o que cedan ante extorsiones con tal se llegar al norte. Por lo tanto, es necesario que el gobierno de México se concientice sobre los riesgos que conlleva tratar de contener la movilidad de las personas, al tiempo que diseñe estrategias de desarrollo en ambas fronteras.

Ante este escenario, en lugar de rechazar mecanismos de cooperación bilateral con Estados Unidos tales como Iniciativa Mérida, el presidente López Obrador debe buscar el replanteamiento de sus pilares 3 y 4 (crear la estructura fronteriza del Siglo XXI y construir comunidades fuertes y resilientes) para atender el tema migratorio, por lo que en este sentido, cabría preguntarse ¿qué es más inteligente, negociar enérgicamente de manera que los intereses de México prevalezcan o ceder a las presiones norteamericanas sin importar los riesgos y desafíos que ello implica?