Las políticas de mejora de la gestión pública agilizan los procesos y actividades de las instituciones públicas, con el fin de optimizar el uso de los recursos y alcanzar los resultados esperados por la sociedad, favoreciendo la transparencia y rendición de cuentas.

Estas políticas, además de promover la eficiencia y eficacia del quehacer gubernamental, son fundamentales en la prevención de actos de corrupción, pues contribuyen a cerrar los espacios de discrecionalidad en el actuar cotidiano de los servidores públicos. En este tenor, se trata de medidas preventivas que se complementan con políticas de detección, investigación, sanción y corrección de probables irregularidades y actos corrupción. En conjunto, estas políticas conforman un sistema integral de combate a la corrupción.

La Secretaría de la Función Pública (SFP), responsable de promover mecanismos para mejorar la gestión pública, impulsa un conjunto de acciones estratégicas orientadas a promover una operación transparente y eficiente de los procesos y actividades llevadas a cabo por instancias públicas, a través de dos ejes:

El primero consiste en la clasificación de la normatividad interna de la Administración Pública Federal (APF); lo que ha permitido tener claridad del universo de reglas que determinan su operación diaria. En esta línea, se creó el Sistema de Normas (SANI) de la APF —público desde el 27 de enero del año pasado— con el propósito de unificar en un solo sitio la difusión del orden jurídico de dependencias y entidades del gobierno federal. Al cierre del 2017, se identificaron 14,427 normas internas vigentes, que corresponden a 221 instituciones de la APF.

El segundo eje de acción consiste en el establecimiento de una base eficiente de operación gubernamental. En el periodo del 2014 al 2017 se logró la simplificación de 8,679 normas internas de 203 instituciones; asimismo, se ha podido contener la generación de normatividad al interior de las instancias gubernamentales. Esto fue posible gracias a la publicación de Manuales Administrativos de Aplicación General (MAAG), que agrupan y estandarizan procesos comunes en la APF, para establecer un solo proceso obligatorio que incrementa la calidad de los resultados esperados.

Los MAAG pretenden evitar la creación de disposiciones jurídicas adicionales en nueve procesos relacionados con los siguientes temas: adquisiciones; obra pública; tecnologías de la información y comunicaciones; recursos humanos; archivos y gobierno abierto; recursos materiales y servicios generales; recursos financieros; control interno, y auditoría.

Mediante estas acciones, la SFP busca dar certeza al funcionamiento de los procesos, toda vez que se establece con claridad sus diferentes etapas, tiempos y responsables. Cabe apuntar que, esta información se publica a través del SANI, con lo que se abona a los ejercicios de rendición de cuentas del actuar gubernamental.

Conforme a sus atribuciones, la SFP, a través de sus áreas de denuncias e investigaciones, control y auditoría, así como de responsabilidades, coadyuva en la prevención y combate a la corrupción. Nuestro objetivo es consolidar los mecanismos descritos, de tal forma que se obtengan resultados efectivos en el marco de los esfuerzos coordinados por el Sistema Nacional Anticorrupción.

*La autora es secretaria de la Función Pública.