La soga en la casa del ahorcado

El pasado miércoles el Campo Militar Número 1 recibió a los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la llamada guerra sucia, transcurrida entre los años 1965 a 1990. No todos estaban en la instalación militar por primera vez en su vida. Entre la concurrencia se encontraba Micaela Cabañas Ayala, hija del guerrillero Lucio Cabañas, quien, según lo expresó en su discurso, en noviembre de 1974, a los dos meses de edad, con su madre María Isabel Anaya Nava, su abuela y otros parientes estuvieron ahí, clandestinamente, como prisioneros y según dijo, “sufrimos tortura física, moral y sicológica, y muchas otras violaciones, incluida la sexual, puesto que mi madre salió de aquí embarazada del gobernador de ese entonces del estado de Guerrero”.   

La reunión fue convocada por el gobierno federal para la inauguración de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. 

Aunque está comprobado, a lo largo de la historia, que las comisiones sirven para dos cosas: para un carajo y para lo que le sigue; quiero ponerle buena voluntad al asunto y creer que ésta de kilométrico nombre cumplirá con su propósito.

El acto fue presidido por el presidente López Obrador. El primer orador, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de  Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación, preciso el objetivo del proyecto: abrir “la puerta a una nueva etapa en la historia del país que busca allanar el camino para cerrar una herida que se mantiene abierta y saldar una deuda con la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país”  Prometió a las victimas de la guerra sucia el acceso a los archivos de la represión para conocer el destino de sus familiares desaparecidos. Convocó a la Fiscalía General de la República a unirse a este esfuerzo reactivando las 245 carpetas de investigaciones sobre la guerra sucia. Manifestó “que la principal reparación a las víctimas es que haya justicia en el país, que nunca más nadie sea perseguido por su forma de pensar, por sus convicciones filosóficas, su creencia religiosa, su preferencia sexual, su forma de vestir o por la música que escucha, que nunca más nadie busque la vía de las armas para ejercer sus libertades políticas y su derecho a transformar las formas del gobierno, que nunca más la intolerancia enfrente al pueblo con las Fuerzas Armadas”.

Enseguida hizo uso de la palabra Micaela Cabañas, quien contó la anécdota que resumí al inicio de este escrito. A continuación, Alicia de los Ríos Merino, reveló estar ahí porque su madre, del mismo nombre, estuvo detenida en ese recinto marcial de enero a mayo de 1978 antes de ser trasladada a la Base Naval Militar número 7 en Pie de la Cuesta, Acapulco, Guerrero, donde despegaban los aviones de la muerte. Después no se supo de ella. Alicia demandó la presencia del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. (Probablemente su ausencia se debió a que se encontraba ocupado diseñando una estratagema para librar a algún delincuente de la acción de la justicia).

En su turno al micrófono, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, reafirmo el compromiso del ejército con el pueblo de México en la búsqueda de la verdad; justificó las acciones castrenses que tuvieron como propósito garantizar la seguridad y el orden constitucional. Expresó que con autorización presidencial los nombres de los militares fallecidos durante los hechos del pasado —léase guerra sucia— serán inscritos en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas. En éste punto, el militar fue acallado por las visitas que gritaron: “¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos!”. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”

Lamentablemente el general, innecesariamente, mentó la soga en la casa del ahorcado o mejor dicho en la casa del ahorcador.