La crisis política y económica de Brasil

Brasil, la primera economía de América Latina, enfrenta severos problemas que van desde actos de corrupción, crecimiento negativo y también conflictos políticos. En este último ámbito, ha avanzado al grado de llevar a votación, ante la Cámara de Diputados, un juicio político en contra de su presidenta, Dilma Rousseff, el cual, por cierto, ya fue aprobado por dicha Cámara. Tal decisión ahora seguirá el proceso de aprobación por el Senado, y podría implicar la suspensión de la primera mujer presidente de ese país.

Como punto clave de la desgastada situación por la que atraviesa Brasil, cabe destacar su situación económica. La economía brasileña se está contrayendo a gran velocidad y muestra de ello son sus principales indicadores. Los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística muestran que el Producto Interno Bruto de este país se encuentra en tasas negativas históricas (la economía de Brasil se contrajo 3.8% al cierre del 2015); su tasa de inflación se ubicó en 9.39% en marzo del 2016, lo que representa una tasa muy elevada en comparación con la mexicana, que en igual periodo fue de 2.6%, y por si fuera poco, su tasa de desempleo va en aumento, al ubicarse en 8.2% en febrero de este año.

Además, las previsiones de crecimiento para la primera economía latinoamericana no son nada alentadoras. El Fondo Monetario Internacional, después de haberse referido a México como ejemplar en el manejo de la Línea de Crédito Flexible (otorgada a países con marcos de política económica sólida), expresó también su preocupación por la contrastante situación de la economía brasileña. Dicho sentir fue avalado por una proyección negativa en su crecimiento para este año, pues prevé una caída similar a la registrada en el 2015 y espera que comience su recuperación en el 2017.

Otro de los factores que alientan la crisis brasileña es el riesgo de contracción de economías como la china y la estadounidense, a las cuales exporta gran parte de su producción, que en su mayoría se encuentra sujeta a precios volátiles, como es el caso del petróleo y algunos granos. Por si fuera poco, el sector energético atraviesa serios problemas: después de detonar mayor crecimiento económico y mayor desarrollo social en años anteriores, como resultado de la puesta en marcha de reformas estructurales, la paraestatal Petrobras se vio envuelta por la más grande crisis de corrupción en la que está involucrado también el expresidente Lula da Silva.

Las medidas implementadas para dar un respiro a las finanzas públicas, encabezadas por el gobierno de Dilma Rousseff, implicaron la puesta en marcha de un plan de austeridad, que consistió en elevar los impuestos y en recortar la inversión en desarrollo social (caso contrario a lo que ocurre en México, en donde se toman medidas responsables para mantener sanas las finanzas públicas, evitando incrementar los impuestos y sin afectar la inversión de alto impacto económico y social), dichas medidas llevaron al descontento social, el cual ha restado popularidad a la mandataria. Además de que la principal acusación en su contra es la violación de normas fiscales, es decir, que no mostró el verdadero déficit presupuestal.

Finalmente, los verdaderos afectados son y serán los habitantes brasileños, quienes a favor o en contra de la destitución de la presidenta, tiene el día de hoy un país dividido. Los analistas financieros más optimistas pronostican que el país podrá levantarse de esta triple crisis (política, económica y de corrupción) en no menos de cinco años, mientras que algunos especialistas hablan de 10 años para lograr la estabilidad.

Brasil requiere de orden en su agenda política y de medidas que combatan a la corrupción, abriendo paso a una clara rendición de cuentas que, por supuesto, la ciudadanía merece.

*Presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana AC.

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