Los escándalos cumplen un papel importante en las democracias. Sirven para llamar la atención sobre problemas que afligen a la vida pública. Son parte esencial del sistema inmunológico de un cuerpo político sano. Su aparición confirma la existencia de una opinión pública vigilante.

Desde luego, en una democracia la prensa suele excederse en su afán de hacer estallar escándalos. No siempre donde hay humo hay fuego. En ocasiones se fabrican escándalos con el propósito de servir un interés faccioso. Pero también es cierto que hay escándalos verdaderos sofocados mediante la manipulación de los medios.

La persecución orquestada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 científicos y académicos es un escándalo real. Como tal debe causar justa indignación e inquietud. Ojalá se hiciera una investigación independiente para llegar al fondo del asunto. Pero los órganos establecidos para ello han perdido esa capacidad.

Los escándalos políticos suelen tener dos componentes: una motivación reprobable y el abuso del poder. Respecto a los verdaderos motivos de la FGR y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) solo podemos especular. Pero el abuso del poder parece estar bien documentado.

La FGR se puso al servicio de la agenda ideológica del CONACYT de la 4T y comenzó a criminalizar las “desviaciones” del pasado, en nombre del combate a la corrupción. Según la visión del nuevo CONACYT, la ciencia promovida por el Estado sólo puede servir al Estado mismo. Para la 4T, cualquier forma de vinculación con la iniciativa privada es esencialmente corrupta.

La persecución de los 31 científicos y académicos inició con una denuncia de hechos por las transferencias de recursos presupuestales del CONACYT al Foro Consultivo, una asociación civil constituida como órgano independiente de consulta de las políticas de ciencia y tecnología.

Es cierto que el CONACYT, como todo servidor público, tiene la obligación de denunciar ante las autoridades competentes hechos delictivos que pudiera llegar a conocer. Sin embargo, tiene también el deber de valorar esos hechos de forma objetiva, según la “apariencia del buen derecho”.

Esta última parte se la saltaron. La existencia del Foro Consultivo está prevista en disposiciones legales y reglamentarias; de igual manera la obligación del CONACYT de financiarlo. El nuevo CONACYT se opone a ello y ya realizó las modificaciones reglamentarias al respecto. Sin embargo, eso no vuelve ilegal lo que se hizo en el pasado con un marco jurídico diferente.

Tras la denuncia de hechos, la FGR emprendió una persecución política. Además del desvío de recursos, imputó a los integrantes del Foro Consultivo los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y crimen organizado. Así, se habilitó a sí misma para emplear contra los 31 científicos y académicos los medios de excepción previstos en el Código Penal para el combate a bandas criminales de alta peligrosidad, como la pérdida del derecho a acceder a la carpeta de investigación y a la libertad bajo caución.   

El juez de control fue el primer sorprendido por el abusivo proceder de la FGR. Negó la orden de aprehensión en dos ocasiones. La primera vez solicitó al ministerio público que justificara su pretensión de recluir a los integrantes del Foro Consultivo en una prisión de alta seguridad. La segunda, le dijo de plano que los hechos no eran constitutivos de delito.

Pero la campaña de descrédito continúa y el presidente López Obrador se ha sumado a ella. “El que nada debe, nada teme”, dijo en su conferencia mañanera. Sus palabras deben resonar en los oídos de decenas de miles de personas en prisión preventiva, que llevan años purgando condenas sin haber sido sentenciados por un juez, en calidad de presuntos culpables.   

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif

Benito Nacif

Profesor

Voto particular

El Dr. Benito Nacif es profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2020 y del Instituto Federal Electoral (IFE) del 2008 al 2014.

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