El presidente López Obrador abrió un nuevo frente en contra de los servidores públicos, referente al establecimiento de una limitación relativa a que, una vez que dejen sus cargos, estén impedidos para laborar en el ámbito privado en el mismo sector en el que se desempeñaron en la administración pública, por un periodo de 10 años. La lógica detrás de esta propuesta es evitar conflictos de interés en áreas muy sensibles. La norma actual contempla una limitación anual de este tipo, además de algunas otras específicas, para ciertos servidores públicos, pero en ningún caso con una periodicidad tan amplia. De concretarse lo anunciado, al margen de que una limitante de esta naturaleza pudiese resultar contraria al derecho al trabajo por lo excesivo del lapso, previsiblemente generaría un efecto adverso, pues se ahuyentarían muchos de los perfiles técnicos que hoy integran (y son necesarios) el servicio público en México.

El director de la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer un listado de exservidores públicos (en los que incluyó a expresidentes de la República y exdirectores de Pemex y CFE) a quienes acusó de haber incurrido en prácticas ilegales e inmorales, según se afirmó en la conferencia de prensa, por haber aceptado un empleo con empresas privadas del sector energético, con posterioridad a haber ocupado los cargos públicos referidos. A partir de lo anterior, se anunció una propuesta para que, quienes se dedican al sector público en áreas especializadas, tengan un impedimento para dedicarse a funciones relacionadas al sector del que se trate, por un periodo de 10 años posterior a que se deje el encargo. El tema no es menor, debe analizarse con mucho cuidado esta propuesta y ver la pertinencia o no de una medida de esta naturaleza, así como el impacto que podría llegar a tener en la administración pública, sobre todo dada la importancia de las áreas a las que estaría dirigida.

Una de las premisas fundamentales del servicio público es el profesionalismo. Lo mínimo que se espera de los funcionarios es que tengan las capacidades y aptitudes técnicas necesarias para desempeñar el cargo que les es conferido. Así, dependiendo de la materia, debe buscarse a los mejores perfiles, con las credenciales más idóneas para desempeñar los cargos. Áreas como el sector energético, hacendario/bancario, agrícola, telecomunicaciones, entre otros, requieren un alto grado de especialización en ciertos puestos.

El titular de la Administración Pública Federal tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los funcionarios púbicos bajo su mando. Si un funcionario es removido, lo lógico es que pretenda emplearse en el sector en el que tiene experiencia, ya sea en el ámbito privado o en el mismo gobierno en un área similar. Para aquellas personas cuyo alto grado de especialización les es requerido para ocupar un cargo público, les resulta mucho más complejo encontrar un acomodo adecuado fuera del sector respectivo. De concretarse esta propuesta, se desincentivaría a muchas personas con vocación pública y un alto grado de especialización a que formen parte de la administración, pues antes de aceptar un puesto sabrían que no les será permitido desempeñarse en ese sector en el ámbito privado sino después de haber dejado pasar 10 años desde la salida del cargo. ¿Usted aceptaría un cargo público en esas condiciones?

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