IVA generalizado, PAN

Josefina Vázquez Mota pondrá sobre la mesa la necesidad de que el Poder Legislativo revise una nueva iniciativa que busca ampliar la aplicación del Impuesto al Consumo.

Se trata de una contrapropuesta a las iniciativas que ha presentado públicamente el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Una de ellas para bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 a 15 por ciento.

Desde el gobierno federal ha sido considerada como irresponsable.

Y la otra, para fomentar el primer empleo.

Esta última ha sido descalificada también por el gobierno porque implicaría la transferencia directa, a las empresas, de alrededor de 30,000 millones de pesos y de 60,000 millones de pesos en el primero y segundo años de aplicación.

En este último caso, el sector privado lo ha visto con escepticismo y no ha salido a apoyarla. Por lo pronto, la confrontación de iniciativas parece inexorable y el debate sobre el IVA estará en el primer plano.

SCT evita pagar $3,057 millones

La noticia es que el gobierno mexicano evitó el pago de 3,057 millones de pesos a la empresa telefónica Unefon.

Se trata de un pleito legal cuyo origen se remonta a la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando a consecuencia de una de las múltiples crisis económicas que han afectado a México, la empresa solicitó una prórroga para hacer el pago por la concesión de frecuencias para telefonía celular que le fue adjudicada.

El entonces subsecretario de Comunicaciones, Javier Lozano, les concedió la prórroga, condicionada al pago de intereses.

La empresa lo aceptó y luego impugnó legalmente y exigió la devolución de 596 millones de pesos.

La trama

Exactamente el último día de la administración foxista, el entonces subsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth ordenó que se pagara con base en economías de la dependencia -porque no existía el presupuesto respectivo- 550 millones de pesos.

Unefon exige en consecuencia el pago de 3,057 millones de pesos, por la presunta acumulación de recargos.

La semana pasada, de acuerdo con el actual director de la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Sánchez Henkel, el gobierno obtuvo el triunfo legal e inatacable, porque ya no hay una sentencia superior para apelar el fallo.

Las posiciones

Sánchez Henkel mantuvo la misma posición que su antecesor en el cargo, el abogado Gonzalo Martínez Pous, desde el inicio de este sexenio, con la llegada de Luis Téllez a la SCT: impugnar la exigencia de Unefon por los 3,057 millones de pesos.

Tanto Pous como Henkel han sostenido que Álvarez Hoth nunca debió ordenar el pago de los 550 millones de pesos y que el gobierno no debía pagar los 3,057 millones de pesos, presuntamente acumulados por recargos.

Álvarez Hoth asegura que sólo siguió la instrucción de un juez, pero los abogados gubernamentales aseguran que nunca existió tal instrucción expresa.

Sánchez Henkel sostiene que ahora la Auditoría Superior de la Federación tendrá que pronunciarse sobre el caso. Álvarez Hoth afirma que el asunto es cosa juzgada.

Los actores

En la trama hay otros funcionarios de la administración pasada que habrían estado involucrados. Cuando se emitió la sentencia en el 2005, por la que supuestamente se condenó a la SCT a pagar, el director de la UAJ de la dependencia era Diego Tinoco Ariza.

Tinoco siempre dijo verbalmente y por escrito, que la sentencia del Tribunal Federal de Justifica Fiscal y Administrativa (TFJFA) no obligaba a pago alguno.

El 30 de noviembre del 2006, cuando se decidió devolver los 550 millones de pesos a la empresa, el titular de la UAJ de la SCT era Genaro Jiménez Montúfar, quien ahora trabaja en el propio TFJFA.

La oficial mayor de la SCT que ordenó el pago fue María de la Luz Ruiz Mariscal, quien ahora es oficial mayor de la Secretaría de Energía. Ella está casada con Moisés Herrera Solís, actual titular de la UAJ de la Secretaría de la Función Pública.

CUENTOS VERAS

El viernes que se dio a conocer el triunfo legal de la SCT, Sánchez Henkel mencionó que Álvarez Hoth no debía haber ordenado el pago; Álvarez Hoth de inmediato reaccionó y públicamente dijo que demandaría al funcionario.

Ambos aseguran tener la razón.

marcomares@eleconomista.com.mx