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¿Hasta cuándo el desacato sobre el caso Pegasus?
¿Imaginas que tu celular estuviera controlado y no te dieras cuenta de ello? El acceso a cámara y micrófono, tus conversaciones, la lista de contactos, contraseñas, aplicaciones y geolocalización son algunos datos que pudieran ser arbitrariamente extraídos sin tu autorización.
En México, vulnerar la privacidad de una persona es un delito; sin embargo, en los últimos años hemos sabido que se ha empleado el software “Pegasus”, un sistema informático que ataca a celulares o computadoras e interviene las comunicaciones privadas sin consentimiento de las personas, el cual ha sido usado para labores de vigilancia y espionaje.
A pesar de que la utilización de “Pegasus” se ha justificado como herramienta de combate al crimen, está comprobado su uso en —al menos 15 mil— dispositivos digitales de defensores de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas y periodistas, sectores cuya labor los pone en situación de vulnerabilidad. Este caso requiere, de manera inmediata, transparencia, rendición de cuentas, verdad, justicia y reparación del daño.
En 2017, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la entrega en versión pública del contrato celebrado con la firma israelí NSO Group para la compra del programa.
De igual forma, en noviembre de 2021, el INAI resolvió dos recursos donde instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a entregar diversos contenidos de información sobre la utilización de “Pegasus”. En específico, se debe entregar versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios relacionados con la contratación del software espía.
Sin embargo, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal promovió recursos de revisión (quejas) en contra de las resoluciones emitidas por el INAI. El pasado 6 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —subordinada a Hacienda— hacer pública toda la documentación. El Máximo Tribunal del país falló a favor del Instituto y de la máxima publicidad de la información, pues determinó que lo solicitado no está relacionado con la “seguridad nacional”.
Hasta el 12 de marzo, la UIF no había recibido la notificación de la resolución de la SCJN. Desde el INAI estaremos atentos al caso pues, una vez enterada la UIF, el INAI puede exigir el cumplimiento de sus resoluciones en un tiempo máximo de 10 días hábiles.
En nuestro país, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, solo el Centro Nacional de Inteligencia —adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)— puede intervenir comunicaciones bajo autorización judicial, cuestión que no ha sido considerada al momento de utilizar “Pegasus”.
Las y los mexicanos tenemos derecho a conocer todo lo relacionado con este asunto. De hecho, el interés social es de tal magnitud que existen 394 recursos de revisión sobre este software, de los cuales 200 han sido resueltos por el Pleno del INAI a favor de entregar información. El Consejo de la Judicatura Federal, la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional son los tres sujetos obligados que han recibido más recursos al respecto.
La transparencia posibilita la rendición de cuentas, todo con la intención de limitar el abuso de poder.
*La autora es comisionada del INAI.
