La actual pandemia del Covid-19 nos ha enfrentado a diversos problemas, entre ellos, la necesidad de comprometernos con el adelanto tecnológico y la necesidad de reformas a los marcos legales que posibiliten y maximicen el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs); así como cambios legales, incluso constitucionales, que potencien los alcances de las facultades de las instituciones, algunas cuya actuación es central en la construcción, consolidación y operación de los sistemas democráticos.

En particular, me referiré a la fiscalización superior y en primer término abordaré lo referente a las TICs. La fiscalización superior de los entes públicos debe transformarse y las nuevas condiciones de salud pública que estamos enfrentando en este agitado 2020 potenciarán esta transformación y se requiere que el marco jurídico sea reformado para afrontar esta nueva realidad.

En México, la iniciativa de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia para establecer el buzón de auditoría constituye un paso certero para fiscalizar al gobierno con la utilización de las TICs. Abre las puertas, también, para potenciar la fiscalización superior haciendo uso de Big Data para efectuar auditorías transversales y de origen-destino en el así llamado “tiempo real”. La ASF resultaría fortalecida de aprobarse esta reforma.

En lo que toca al segundo punto, existe la necesidad de reformar el marco jurídico, incluso el constitucional, para que la ASF pueda llevar a cabo auditorías en “tiempo real”. Me explico. La fiscalización superior se rige, entre otros, por los principios de definitividad y anualidad, como expresiones del principio de seguridad jurídica, es decir, fiscaliza sobre procesos concluidos y respecto al ejercicio anual auditado, es decir, la fiscalización superior debe practicarse, por regla general, a la Cuenta Pública que se audita y a procesos concluidos.

Por otro lado, si bien es cierto, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en su Título Cuarto, establece las excepciones mediante las cuales pueden auditarse el ejercicio fiscal en curso o ejercicios fiscales anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, estas revisiones excepcionales están sujetas como requisito indispensable a la presentación de una denuncia, que además, debe cumplir ciertos requisitos para su procedencia, y que a su vez, el cumplimiento de dichos requisitos se volverá indispensable para que la denuncia, de ser el caso, tenga repercusiones en ámbitos administrativos o incluso penales.

Es entendible la exigencia relativa a que las compras efectuadas en este 2020 para atender la emergencia del Covid-19 sean fiscalizadas por la ASF, sin embargo, ya que se trata de actos realizados en el ejercicio fiscal en curso, esta fiscalización sólo puede realizarse mediante una denuncia. La otra opción es que se lleven a cabo reformas constitucionales, y sus correspondientes reformas al marco legal, que permitan auditar en tiempo real.

La iniciativa para establecer el buzón de auditoría es un primer paso, cuyo extraordinario complemento sería llevar a cabo las reformas que permitan auditar en el llamado “tiempo real”, ambas reformas modernizarían y fortalecerían a la ASF.

Agustín Caso Raphael

Economista

Ensayos en Persuasión

Licenciado en Economía por el ITAM y Maestro por la Escuela del Servicio Exterior de Georgetown University, Washington D.C. Profesor Titular de Historia del Análisis Económico en el ITAM desde 1990. En 1976 recibió el Premio Nacional de Economía y su trabajo fue publicado por Editorial Limusa con el título Política Monetaria, Inflación y Crecimiento Económico: El Caso de México. En 2005 publicó el libro Migración y Repatriaciones y en 2010, Trotsky, Viaje hacia el Laberinto.

Por más de 45 años se ha desempeñado en la administración pública nacional e internacional. Inició su desarrollo profesional en el Banco de México. Ha ocupado puestos directivos en el Banamex, Pemex, el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), la Conasupo, y las Secretarías de Energía, Gobernación y Hacienda y el INEE. Actualmente es Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.