Fin del Procampo

El Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) debe finiquitarse. Al menos como lo conocemos hasta ahora. Fue establecido en 1994 y debió haberse cancelado en el 2008 como estaba previsto. Procampo cubre en la actualidad alrededor de 14 millones de hectáreas y cuesta casi 17,000 millones de pesos aproximadamente, que se entregan (así, nada más) a 2.7 millones de personas en tierras ejidales, comunales o individuales.

Procampo no prevé ningún tipo de contraprestación social o en materia de bienes públicos por parte de los beneficiarios; constituye a través del gasto corriente una transferencia unilateral (en buen castellano es una dádiva , pues).

Se argumenta que Procampo es muy importante en los ingresos de los productores agrícolas mexicanos, quienes por lo general son pobres. En los hechos ofrece vida económica artificial a actividades agrícolas de temporal, manteniendo a millones de personas en una trampa de pobreza, dada la bajísima productividad de sus explotaciones. Procampo es una subvención no para abatir la pobreza, sino para preservarla. Sólo la emigración, la educación y el cambio hacia otro tipo de actividades económicas podría lograrlo.

Tampoco Procampo ha hecho más competitivos a los grandes agricultores del noroeste y noreste del país, que son quienes más se benefician de esta renta. Dado que los subsidios se entregan por hectárea y por ciclo agrícola, son los grandes propietarios de tierras de riego quienes reciben los mayores beneficios. De hecho, casi 30% de los recursos de Procampo va a parar sólo a 3% de los beneficiarios.

De acuerdo con las reglas de Procampo, un agricultor con 100 hectáreas de riego puede recibir graciosamente del Estado alrededor de 200,000 pesos al año.

Peor, aunque no hay información sistemática al respecto, se estima que Procampo junto con su hermano menor, Progan (para ganaderos, a quienes sólo se les da cerca de 4,000 millones de pesos anuales), han sido un motor poderoso de deforestación del territorio nacional y, por tanto, de destrucción de la biodiversidad, alteración de cuencas y emisión de gases de efecto invernadero. No deja de asombrar cómo un influyente grupo de presión es capaz de arrancar al Estado esta prebenda. Es verdad que muchos receptores de Procampo son pobres, pero también hay pobres en la industria de la construcción, en el comercio y en numerosos servicios formales e informales. En la lógica de Procampo, ¿por qué a ellos no se les regala también dinero?

Que en otros países se obsequien recursos públicos a los agricultores no compele ni obliga a hacerlo en México. Allá ellos, además son ricos. En nuestro país, tal dinero tiene un costo de oportunidad altísimo en términos sociales y económicos, también ecológicos y climáticos. Si lo que se quiere son esteroides económicos para enfrentar la competencia externa, ahí están más de 250,000 millones de pesos de dinero de los contribuyentes que el gobierno mexicano concede anualmente como apoyos al sector rural.

Darle fin al Procampo que conocemos es un imperativo de justicia y racionalidad fiscal, social, ecológica y climática. Debe transformarse en un verdadero programa de inversión en bienes públicos estratégicos, al tiempo que se le incorpore un código como mecanismo redistributivo y palanca para la transferencia de población fuera del sector rural de subsistencia, que es una máquina perpetua de generación de pobreza.

La oportunidad es ahora indeclinable y la ofrece la COP 16 a fin de año en Cancún. México debe anunciar ahí la transmutación de Procampo en un mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) por medio del pago por servicios ambientales a los propietarios de tierras para lograr deforestación asintótica cero en México al 2020. Este nuevo mecanismo sería diseñado, administrado y operado por la Sagarpa, la Conafor y la Conanp (Comisión de Áreas Naturales Protegidas), y habría una valiosísima contraprestación de interés público por parte de los beneficiarios y no una cínica renta.

Mantener Procampo y hacerlo ley, como algunos proponen, sería la consagración jurídica del más dispendioso rent seeking.

gquadri@eleconomista.com.mx