Expropiación azucarera: el final

La historia de la expropiación de 27 ingenios azucareros en tiempos neoliberales está a punto de llegar a su fin.

En los próximos días, la Sagarpa hará la transferencia jurídica de los nueve ingenios que restan al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para que los licite.

Pasaron 11 años (prácticamente, los dos sexenios panistas de Vicente Fox, quien decretó la expropiación, y el de Felipe Calderón) en la panza de la Secretaría de Agricultura.

El saldo de la estatización temporal tiene dos caras.

El positivo, porque evitó el estallido social y permitió reordenar el mercado azucarero.

Y el controvertido: porque, en términos financieros, hay quienes cuestionan el resultado.

Hay desde aquellos que se rasgan las vestiduras y aseguran que la expropiación representó pérdidas multimillonarias para el erario federal.

Hasta la versión oficial de que la inversión en la administración y operación de los ingenios expropiados fue la mínima indispensable.

En total, se invirtieron recursos fiscales para el flujo operativo de los ingenios por 5,165 millones de pesos desde el 2001.

El secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, advierte que el tema financiero le toca a la Secretaría de Hacienda. Tal dependencia tendrá que netear el costo-beneficio en términos económicos.

El mismo funcionario refiere que, por lo que toca a los resultados sociales y productivos del endulzante y el reordenamiento del mercado azucarero, sin lugar a dudas, al expropiación fue positiva.

Es falsa -asegura el funcionario- la versión de que en los ingenios azucareros se invirtieron cantidades multimillonarias para su modernización, para luego regresarlos a sus dueños.

El decreto expropiatorio -recuerda- prohibió realizar inversiones, salvo aquellas estrictamente necesarias para mantenerlos en operación.

Y las deudas de las sociedades anónimas de sus anteriores dueños siguen intactas. Tienen adeudos con el fisco, Conagua, Seguro Social, Financiera Nacional Azucarera, Bancomext, FIRA y el extinto Banrural.

Hay que recordar que la decisión de expropiar la tomó el expresidente Fox con graves acusaciones en contra de los barones del azúcar.

En su momento, argumentó que los dueños de los ingenios llevaron a sus empresas a perder la salud financiera al contraer grandes deudas con diversas sociedades de crédito y organismos del gobierno federal y pusieron en riesgo el patrimonio de los trabajadores del campo y de todos los mexicanos.

El entonces Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, afirmó en su momento que la expropiación tenía el propósito de proteger a la industria azucarera y que los ingenios no siguieran siendo un hoyo negro de los cuantiosos pasivos.

Son tan altos los pasivos y tan bajos los activos que sus dueños nos saldrán debiendo comentó en su singular tono sarcástico.

Los empresarios afectados fueron, Enrique Molina Sobrino, Juan Gallardo Thurlow, quien fuera negociador del TLC en representación del sector privado; el empresario y político Alberto Santos, Teresita Machado y la familia Seoane.

Por grupos y número de ingenios expropiados fueron GAM, seis; Fideliq, dos; Machado,cuatro; Santos, seis; Caze, nueve. En total fueron 27 ingenios expropiados.

El Poder Judicial resolvió favorablemente 14 casos y fueron devueltos a sus dueños: cuatro, a GAM; cuatro, a Machado, y seis, a Santos. Otros cuatro ingenios fueron vendidos y los nueve de Caze, del empresario Enrique Molina -que fue objeto de persecución por presunta evasión fiscal-, fueron los únicos que se quedaron bajo la administración de la Sagarpa.

Son los nueve que en breve el SAE pondrá en licitación. Estos nueve ingenios registran hoy un saldo positivo de 224 millones de pesos a julio del 2012.

Por cuanto a la producción de azúcar, mientras que en la zafra 2001-2002 se obtuvieron 4,872 millones de toneladas, en la que recién concluyó del 2011-2012 se lograron 5,043 millones de toneladas.

Con una superficie sembrada de 195,000 hectáreas (60% de temporal), México ocupa el séptimo lugar como productor y exportador de azúcar.

CUENTOS VERAS

Joaquín Vargas, presidente de MVS, recibió el primer palo de la jueza Rafaela Franco, que le negó la suspensión provisional del amparo que interpuso en contra del rescate de la banda 2.5 GHz que resolvió llevar adelante el gobierno federal. Sin embargo, la empresa de los Vargas todavía puede recurrir a otras instancias. Por otra parte, otro de los concesionarios de esa banda, Ultravisión, también fue rechazado en su demanda de amparo. Para los próximos días, se espera que los concesionarios interpongan más recursos jurídicos para defender su posición. En la SCT estiman que el tema tendrá una resolución definitiva en cuatro meses.

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