Este domingo se vivió en 13 entidades federativas una jornada electoral única, un nuevo escenario, con nuevos plazos de precampaña, nuevas reglas de juego a partir de la reforma político-electoral, muy activa en medios digitales, pero sobre todo se reafirmó que los mexicanos no confían en los partidos políticos, esto se vio por el aumento de candidaturas independientes y la poca participación ciudadana.

Tradicionalmente, desde 1994 las campañas políticas estatales y nacionales se enfocaban en la fuerza, prestigio, alianzas y candidatos de tres partidos: PAN, PRI y PRD. Hasta el 2011, juntos acumulaban más de 60% de ciudadanos con alguna identificación partidista. Sin embargo, a partir del 2012 las identidades por esos tres partidos empezaron a caer 56% en ese año; 54% para el 2013; 50% en el 2014 y 45% en el 2015.

Ante la falta de credibilidad de la gente en los partidos políticos, los electores demandamos cada vez más calidad y veracidad en la información, para poder emitir un voto consciente, razonado e informado. Demandamos más información y estudiamos mejor a los candidatos y cada vez menos a los partidos.

Pero si esto ya es un problema, éste se intensifica cuando analizamos los costos de las jornadas electorales. Este proceso realizado en 13 estados del país tuvo un costo aproximado de 8,520 millones de pesos, el doble de lo que se gastó en el 2010. Por votantes registrados en la lista nominal de esas entidades, cada sufragio costó 286 pesos. Si tomamos en cuenta que el promedio de participación ciudadana fue de 50%, entonces el costo se incrementaría hasta 611 pesos por voto. Para referencia, Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa Occidental con larga experiencia electoral tan sólo gastan de 1 a 3 dólares por elector.

Otro factor que hace única esta elección es la activa presencia en las redes sociales e Internet, tanto de partidos como de candidatos. Desde el 2 de junio que inició la veda electoral, los candidatos y partidos tuvieron prohibido el uso de redes para promocionarse; no obstante, los usuarios sí podían hacer proselitismo. La realidad es que la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales que regula todo proceso electoral en México no contiene un solo artículo o apartado que regule la actuación de los partidos o campañas políticas en entornos digitales. Los tiempos de promocionales para los partidos políticos deben ser, y fueron, de 30 segundos en TV y radio, pero no existe un máximo marcado para redes sociales. El Observatorio Electoral 2.0 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó un estudio en el que señala que algunos candidatos a cargos de elección popular en la Ciudad de México rebasaron casi 80% de su tope de campaña tan sólo en pautas publicitarias en YouTube.

Normar el uso de las redes sociales, incluidas las campañas políticas, va contra la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2002, donde se reconoce que la libertad en la red de Internet es un derecho inalienable. Aunque la realidad es que las campañas digitales sí pueden hacer la diferencia; recordemos el proceso electoral a la Presidencia de Estados Unidos de Barack Obama, donde la cuarta parte de los estadounidenses obtuvo información sobre asuntos electorales en la red.

Quisiera cerrar con un análisis que mi equipo preparó sobre los números de activaciones en redes sociales de los candidatos en esta elección. Aunque no pude confirmar que los candidatos más activos en redes ganaron, sí pude llegar a dos conclusiones importantes: 1) los menos activos se quedaron siempre atrás, y 2) todos los candidatos del Partido Acción Nacional se caracterizaron por su alta actividad en redes sociales, que seguramente formaba parte de una estrategia digital, especialmente en Twitter. ¡Hasta nuestro próximo encuentro!

*Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana AC