Al parecer, una tragedia coloca sobre la mesa más argumentos a favor de la renuncia de un primer ministro que una serie de manifestaciones en contra de la corrupción gubernamental. Pero lo sucedido en Líbano nos demuestra que ambos son caras de la misma moneda.

La explosión de una bodega portuaria en Beirut el pasado 4 de agosto, recuerda lo ocurrido el 13 de abril de 1975 donde un grupo de cristianos atacó un camión que trasladaba palestinos dejando sin vida a 27 personas. Al parecer, el motivo del acto fue vengar el asesinato de uno de los suyos. Con esta acción se desencadenó una guerra civil que se extendió hasta 1990.

La comparación no es baladí. Las dos tragedias suceden en entornos similares: pobreza, corrupción y exilio (el número de libaneses asciende a 15 millones, pero sólo cuatro millones vive en su país y 11 millones lo hacen alrededor del mundo).

El dramaturgo libanés Wajdi Mouawad escribe en una tribuna de opinión en Le Monde que lo ocurrido en Beirut la semana pasada “pone fin a todas las mascaradas (porque) la clase gobernante actúa bajo sus propios intereses, situación que ha provocado que el país esté de cabeza” (Le Monde, 8 de agosto).

Durante varios meses (octubre de 2019) miles de jóvenes habían salido a las calles para protestar por el robo de su futuro en manos de una clase gobernante confesional, donde el poder se comparte entre grupos religiosos y étnicos.

Los frecuentes cortes de electricidad y el sistema educativo colapsado, revelan una cotidianidad trastocada por la falta de planeación y corrupción de la clase política.

La brutal debilidad de sus instituciones tocó piso en noviembre de 2017 cuando el primer ministro Saad Hariri fue secuestrado durante 12 días por el siniestro príncipe de Arabia Saudita Mohamed bin Salmán. La mediación del presidente francés Emmanuel Macron ayudó para que el episodio no terminara en un conflicto bélico, pero la humillación que sufrió Hariri no es común verla en el siglo XXI.

El saudita invitó a Hariri a Riad y el 6 de noviembre lo encerró en el hotel Ritz; frente a las cámaras de televisión le obligó a leer su renuncia.

El príncipe saudí le reclamaba a Hariri su anuencia sobre el apoyo que recibía su gobierno por parte de Hezbolá e Irán. Hariri regresó a Beirut como primer ministro dejando a un lado la renuncia que leyó a sus ciudadanos desde Riad.

Otro ejemplo del cinismo y de la indolencia de la clase política libanesa son las leyes de amnistía articuladas únicamente para beneficio de sus integrantes. En 2019 manifestantes impidieron que se desarrollaran sesiones para aprobar ese tipo de leyes que dan luz verde a la impunidad.

Frente a la crisis financiera, el gobierno libanés intentó aplicar un impuesto al uso de WhatsApp. Con una deuda pública de 86,000 millones de dólares el primer ministro Saad Hariri intentó tapar agujeros gravando el uso de las redes sociales. Fue precisamente el 17 de octubre del año pasado lo que provocó que los jóvenes salieran a las calles a protestar. La presión asfixió al gobierno y finalmente retiró la propuesta de ley. La ira no desapareció. Así nació la revolución WhatsApp.

Las ondas expansivas que salieron de un depósito en el que se encontraba un arsenal de nitrato de amonio ya alcanzaron al gobierno del primer ministro Hasan Diab. Todos renunciaron el pasado lunes y se espera una convocatoria de elecciones.

El riesgo de la explosión le fue advertida al primer ministro desde hace meses. No hizo caso. La corresponsabilidad es evidente. La revolución WhatsApp inició lo que la explosión concluyó: la política colapsó.

Fausto Pretelin Muñoz de Cote

Consultor, académico, editor

Globali... ¿qué?

Fue profesor investigador en el departamento de Estudios Internacionales del ITAM, publicó el libro Referéndum Twitter y fue editor y colaborador en diversos periódicos como 24 Horas, El Universal, Milenio. Ha publicado en revistas como Foreign Affairs, Le Monde Diplomatique, Life&Style, Chilango y Revuelta. Actualmente es editor y columnista en El Economista.

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