El concepto Legaltech ha ido evolucionando para referirse a aquellas soluciones tecnológicas que tienen la capacidad de mejorar el funcionamiento de un sistema jurídico en su conjunto, incluyendo sus instituciones, sus normas, y los operadores del mismo.

Efectivamente, existen soluciones tecnológicas que permiten a los abogados realizar con más eficiencia tareas que van desde redactar un contrato, a investigar una base de datos, a realizar un procedimiento de due diligence, otras que permiten la creación de nuevos proveedores de servicios jurídicos que colaboran o compiten con firmas de abogados, aún otras que mejoran masivamente el acceso a la justicia de capas enteras de población, a un coste muy inferior al actual y con resultados mucho más positivos, y otras que mejoran la generación, ejecución y evaluación de leyes.

El estado del Legaltech en Mexico

Recientemente ha aparecido un estudio en Legal Tech Initiative Austria, que incluye un mapa sobre el desarrollo de legaltech a nivel global. Aunque dicho mapa no es exhaustivo, da una buena impresión de la expansión de legaltech en el mundo. Un vistazo al mapa sugiere que los grandes hubs de legaltech a nivel global coinciden con los países que cuentan con las economías más avanzadas y los sistemas jurídicos más sofisticados. Si bien existe una preeminencia importante de los países con jurisdicciones basadas en el common law, la mayor densidad de hubs está en Europa.

En la región de América Latina, únicamente aparece Brasil. México no aparece en el mapa. Si bien el Legaltech está ya presente en México, el nivel de penetración en el sistema legal y en los operadores del sector es todavía muy incipiente. Un vistazo a la literatura especializada más reciente que analiza la evolución de legaltech en el país confirma que este todavía no se ha subido a la ola de transformación digital que se formó hace ya un par de décadas en Estados Unidos, que alcanzó Europa vía el Reino Unido un poco después, y que está ganando volumen y velocidad en Asia, particularmente en China y los países del Sudeste Asiático, con una presencia importante en Singapur. Legaltech efectivamente está desarrollando una huella global.

 Algunas razones que explican la situación actual

Una primera razón puede tener que ver con la relativa ausencia de apoyo institucional sistemático, por parte de actores como facultades de derecho, asociaciones profesionales e incluso agencias gubernamentales. Una segunda razón puede tener que ver con el tamaño, la estructura y capacidad de inversión de los despachos de abogados del país. La industria legal de hoy está en una situación relativamente parecida a la industria automovilística de hace 100 años, en el sentido de que los profesionales del sector trabajan muchas horas, los servicios son caros y su calidad inconsistente. Esto se compensa en parte con las bajas barreras de entrada al mercado de provisión de servicios jurídicos, la competencia intensa que de ello se deriva, y el efecto en los precios. Pero un factor limitante de los efectos positivos de la competencia tiene que ver con los costes de transacción, que incluyen la dificultad para encontrar proveedores de servicios jurídicos de calidad, así como clientes potenciales.

Una tercera razón que puede explicar la baja penetración del Legaltech en el país, y que afecta a muchos otros países, está relacionada con el idioma; la mayoría del desarrollo en Legaltech a nivel mundial ha tenido lugar por parte de empresas americanas, que lógicamente utilizan el idioma inglés, y por tanto sus soluciones no son directamente aplicables a jurisdicciones en las que el inglés no es el idioma oficial.

Si buscamos razones a un nivel más general, encontramos que México no está entre los países líderes en emprendimiento, algo clave para impulsar el crecimiento del Legaltech, como se demuestra el hecho de que Legaltech surgió—o al menos ganó consistencia y potencia, en Silicon Valley, más concretamente en Stanford University.  Efectivamente, en la edición de 2017 del Índice Global de Emprendimiento, México ocupa el lugar 75 de un total de 137 países, y las razones que explican esa posición tienen que ver con la falta de soporte cultural, baja percepción de oportunidades de negocio, y cierta falta de habilidades emprendedoras.

Las consecuencias del retraso en desarrollar legaltech en México

A la luz de la reflexión anterior, la falta de desarrollo del Legaltech en México impide el despliegue de sus efectos positivos sobre la situación existente. En la actualidad, muchos ciudadanos han de gestionar sus asuntos sin acceso a asesoría jurídica, o con asesoría jurídica de calidad heterogénea y a precios poco transparentes. Esta situación impide que el sistema legal en su conjunto despliegue plenamente los efectos deseados de claridad, certidumbre, y estabilidad, que favorecen, tanto a nivel individual como social la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada y los derechos fundamentales.  Un sistema legal que no despliega de manera eficaz y eficiente sus efectos no ayuda a que el país deje atrás la corrupción, la inseguridad ciudadana, la violencia, con impactos negativos en el orden social, político y económico. Por ejemplo, en el Informe “Doing Business Report” que con carácter anual publica el Banco Mundial, México aparece en el puesto 49 de un total de 190 países en el año 2018, 47 en el 2017, y 38 en el 2016, lo cual indica un cierto deterioro en la percepción del país como destino de inversiones extranjeras.  Una organización que está realizando un trabajo muy interesante para analizar el estado de derecho en el mundo es World Justice Project. En el WJP Rule of Law Index del 2017/18 México aparece situado en el puesto 92 de un total de 108 países. La misma institución acaba de lanzar un proyecto pionero para evaluar la capacidad de los sistemas legales nacionales para facilitar el acceso al sistema judicial de su población, el Global Insights on Access to Justice. Si nos fijamos en un país avanzado dentro de la UE—Austria—para establecer un benchmark, podemos ver que en Austria el 75% de la población experimentó un problema de naturaleza jurídica durante el año 2016. Un 5% de los problemas incluían el uso de la violencia sobre la persona afectada por el problema. Un 14% recurrió al sistema legal para tratar de resolverlo, mientras que un 86% no lo hizo. Al cabo de un año, un 68% había resuelto el problema. Un 63% por ciento lo resolvieron por vías alternativas. De aquellos que lo consiguieren resolver, un 64% estaba satisfecho con el resultado final, y un 69% sabía desde el principio como obtener asesoría legal. Un 43% del total experimentó un nivel elevado de sufrimiento (problemas de salud, económicos o profesionales) a causa del problema legal. En México, un 38% por ciento de la población sufrió un problema legal durante ese año. Un 9% de los problemas incluían el uso de la violencia sobre la persona afectada por el problema. Un 11% recurrió a las autoridades para resolver el problema, mientras que el 89% no lo hizo. Un 66% lo consiguió resolver al cabo del año, y de hecho en un plazo más breve que en Austria. Un 63% sabía como obtener asesoría especializada. De los que resolvieron su problema, un 72% lo hizo por vías alternativas. Un 49% experimentó un nivel elevado de sufrimiento debido al problema.

Aunque estas cifras son difíciles de comparar, apuntan a una menor penetración del sistema legal en el conjunto de la población en México frente a Austria, y por tanto un mayor uso de sistemas alternativos de resolución de conflictos o simplemente un mayor uso de vías informales. Aunque es evidente que de estas cifras no se desprenden consecuencias claras, si parece razonable deducir que la informalidad en la resolución de problemas jurídicos es mayor en Austria que en México.

Evidentemente todo esto no significa necesariamente que el sistema legal de un país en términos de su capacidad de garantizar el acceso a la justicia es peor en un país que en otro, pero si sugiere una posible relación entre el nivel de informalidad y la posición de México en índices de atracción de la inversión, de la facilidad para hacer negocios, o de la extensión del emprendimiento entre la población y el tejido empresarial. Es interesante observar además que el WJP se ha fijado en México para realizar su primer informe sobre un país concreto, aunque en el momento de escribir este artículo todavía no ha sido publicado.

Como puede el legaltech ayudar a mejorar la situación

Como vimos al inicio, la tecnología tiene la capacidad de mejorar el funcionamiento de un sistema jurídico en su conjunto, incluyendo las instituciones, las normas y los actores del mismo. El poder legislativo y la administración de la justicia—incluyendo a jueces y tribunales, los abogados y las firmas en las que trabajan, pueden beneficiarse de la tecnología para alcanzar de manera más eficaz y eficiente sus objetivos. Aunque obviamente no existen recetas fáciles y la tecnología no es una panacea, la capacidad de la tecnología para aumentar la productividad en todos los sectores de la economía, y más en general para acelerar el crecimiento económico y la reducción consiguiente de la pobreza es incuestionable desde un punto de vista histórico y geográfico. El derecho ha mostrado una cierta reactividad a la hora de incorporarse a la revolución tecnológica, pero allá donde ha empezado a hacerlo se empiezan a percibir mejoras claras. Es por tanto aconsejable que esta transformación se apoye y se regule para que beneficie no sólo a los grandes operadores del sector sino también a toda la población, particularmente a los más vulnerables.