La pretensión de Morena de transferir parte de los recursos públicos otorgados por el INE a damnificados del sismo de septiembre del 2017 contravenía la ley. Para eludir su observancia, pero con la misma finalidad apuntada, integrantes de Morena constituyeron el fideicomiso Por los Demás, en el que algunos de sus dirigentes y militantes fungieron como fideicomitentes y como miembros del comité técnico, liberando así de su administración a la fiduciaria: Banca Afirme. En su defensa, los miembros del comité técnico argumentaron que se trata de un fideicomiso privado y que, por ello, el INE no lo puede fiscalizar.

Salvo los fideicomisos públicos constituidos por el Estado (artículo 3° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), todos los fideicomisos son privados. Son meros contratos en los que los fideicomitentes aportan bienes o recursos a una fiduciaria para que realice determinadas actividades lícitas en beneficio de los fideicomisarios. Los fideicomisos que constituyen los partidos políticos (artículo 57 de la Ley General de Partidos Políticos) son privados, pero tienen la particularidad de no estar cubiertos por el secreto fiduciario.

Probablemente lo que el comité técnico quiso decir (sin poderlo articular correctamente) es que el fideicomiso cuestionado es ajeno al partido político y, por ello, Morena no debió ser sancionada por el INE. Y eso es, precisamente, lo que el partido tendrá que alegar y demostrar en la impugnación presentada ante el tribunal electoral.

Por el lado del INE, la multa impuesta descansa en los siguientes hechos y consideraciones: (1) el fideicomiso fue creado por instrucción del Consejo Nacional de Morena; (2) el domicilio legal del contrato de fideicomiso es el del propio órgano político; (3) los fideicomitentes son miembros de Morena; (4) el comité técnico está conformado por dirigentes partidistas; (5) 48 de los 58 aportantes del fideicomiso pertenecen a Morena (incluido AMLO); (6) las cantidades aportadas exceden notoriamente los ingresos declarados de sus aportantes; (7) los depósitos obedecen a una acción concertada, pues está grabado en video de una sucursal de Afirme que en menos de 20 minutos, un grupo reducido de personas depositó reiteradamente hasta 14 millones de pesos en fajos de 50,000 pesos; (8) la mayoría de las aportaciones fue en efectivo (lo que el propio contrato de fideicomiso prohibía); (9) quienes retiraron en el banco cantidades hasta por 64 millones de pesos son funcionarios o legisladores morenistas, entre ellos, Rodrigo Abdalá, Guillermo Genaro Polanco, José Manuel Vera Salgado y León Felipe Vidaurri; (10) estos retiros se hicieron mediante cheques de caja a su favor y pagados en efectivo, lo que impide conocer el destino final del dinero (razón por la que no se sanciona con la anulación de la elección), y (11) durante la campaña —incluyendo los debates presidenciales— Morena publicitó la ayuda económica a damnificados del sismo como un acto propio. No se trata de presunciones aisladas, sino de hechos visiblemente concatenados: el fideicomiso es del partido y la forma en que operó es ilegal.

Procesalmente Morena está entrampada: si admite en la vía judicial que el fideicomiso allegó recursos a damnificados, defraudó la ley; si lo desconoce, habrá defraudado al electorado.

@erevillamx

Eduardo Revilla

Profesor Derecho Fiscal ITAM

Recursos Públicos

Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Socio de Revilla y Álvarez Alcalá, S.C. Fue Director General de Asuntos Fiscales Internacionales de la SHCP y representó a la dependencia en foros y organismos internacionales. Actualmente es profesor de Derecho Fiscal en el ITAM. Es miembro de la International Fiscal