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Educación por votos
En un Estado de Derecho, todos estamos obligados a cumplir la ley.
El viernes 29 de mayo, una semana antes de las elecciones, la Secretaría de Educación Pública sacó un comunicado en el que informaba que con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización .
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa también publicó un comunicado manifestando que el instituto ha revisado y aprobado todos los elementos de evaluación que son necesarios para la realización adecuada de los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, por lo que no tiene fundamento la razón esgrimida por la SEP como causa de suspensión a la que alude el comunicado referido .
La razón que expresó la SEP, por lo tanto, no tiene sustento. ¿Entonces por qué echar debajo de un plumazo un elemento fundamental de la reforma educativa que tiene que ver con la calidad de los maestros y, por lo tanto, con la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes? No puedo creer que en la SEP piensen que es por el bien del país. Claramente hay un motivo ulterior para hacerlo.
Esta decisión es una violación al Artículo 3 constitucional, a sus leyes reglamentarias, así como a los lineamientos para regular los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente, entre otros. En un Estado de Derecho, todos estamos obligados a cumplir la ley. La autoridad sólo puede hacer lo que la ley dicta y al asumir un cargo se compromete a respetar la ley. En este caso, la Secretaría de Educación Pública está violando la Constitución, nada más ni nada menos.
¿Acaso la autoridad cree que puede negociar la ley con la CNTE? La ley no se negocia. Se cumple. Se hace cumplir. Pero no se negocia. No se negocia a cambio de votos para conseguir una mayoría en el Congreso. No se negocia para impedir manifestaciones. No se negocia para evitar violencia. No se negocia para obtener un beneficio económico. No se negocia para hacer posibles las elecciones de este domingo. No se negocia. Punto.
Además, esta decisión es contraria al interés superior de los niños y jóvenes al no garantizar una educación de calidad y por lo tanto es una decisión contraria a los intereses del país. Entonces, ¿por qué? ¿Acaso fue una decisión política para desactivar las acciones violentas de la CNTE? Si ese fuera el caso, fue una pésima decisión (además de ilegal). El movimiento de la CNTE no se desactivó en lo absoluto. Si acaso se fortaleció. La CNTE ha convocado a un paro de labores y a boicotear el proceso electoral. Ha robado y quemado boletas electorales y destruido instalaciones electorales en Oaxaca y Guerrero. En lugar de aplicar la ley e imponer consecuencias a quienes cometieron estos actos delictivos, el gobierno decide echar para atrás la reforma educativa. Total, que sufran los niños, los jóvenes y los maestros que sí quieren dar clases. Increíble.
Me uno al reclamo enérgico de organizaciones y ciudadanos que piden que se cumpla lo establecido en los diversos ordenamientos legales y que se lleve a cabo la evaluación docente en las fechas establecidas. Una educación de calidad es inaplazable.
¡Esta forma de hacer política es una burla!
