Deslavado combate al lavado de dinero

En octubre del 2009, la SIEDO reportó que en la presente administración se habían detectado 73 millones de pesos provenientes del lavado de dinero.

Esta irrisoria cantidad refleja que en esta materia nada, o casi nada, se ha hecho. La inmensa mayoría de los procesos iniciados por este delito implican a poseedores de droga (por considerar que transportan bienes de procedencia ilícita), pero no a quienes verdaderamente la trafican o a quienes lavan los recursos del narcotráfico.

Esta circunstancia obligó al gobierno a anunciar la semana pasada una nueva estrategia contra el blanqueo de capitales que consiste, básicamente, en mejorar el manejo de información, limitar el uso de efectivo, endurecer sanciones penales y crear otras, establecer nuevos mecanismos de reporte del sector financiero y comercial y medir la efectividad de la PGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP.

Esta loable estrategia, sin embargo, no atiende a un problema esencial en esta materia y que subyace en el marco normativo que regula al delito y en las autoridades encargadas de su investigación.

Desde 1990 y hasta 1996, el delito de lavado de dinero se contenía en el Código Fiscal de la Federación, pasando ese año al texto del Código Penal Federal. Este reacomodo de geografía jurídica implicó que la SHCP no fuera ya la autoridad encargada de investigar el delito y presentar la querella ante la PGR (como sucede con el resto de los delitos fiscales), sino que sería la PGR quien lo investigaría directamente. Muy poco antes, la SHCP y el Tesoro americano habían firmado un acuerdo para combatir este delito, en adición a los de intercambio de información fiscal y aduanera. La SHCP había comenzado a participar en foros internacionales (como la FATF de OCDE) y otros a nivel regional (OEA) para coordinar esfuerzos en la materia.

Sin embargo, en 1996 la PGR convenció al presidente Zedillo de dejar a dicha dependencia al frente de estas acciones, derivado de un caso muy importante para el gobierno en ese entonces. El Presidente asintió y la SHCP no opuso resistencia, pese a las recomendaciones del entonces Subsecretario del Tesoro -y actual Director de la Interpol- de no ceder la facultad de investigación financiera que requería de auditores calificados, para dejarla en manos de policías que nada conocen del tema financiero y empresarial. Vale mencionar que el caso importante que tenía la PGR no procedió. La participación en foros internacionales se perdió o quedó a cargo de la Cancillería (que es lo mismo).

Ya con el presidente Fox se creó la UIF -conocida en los pasillos hacendarios como la UIG (Unidad de Investigación por Google)-, que con un presupuesto menor al millón de dólares anuales resulta altamente ineficiente, pues sólo denuncia hechos relacionados con información proporcionada por el sistema financiero, cuando es del entendimiento común que los recursos que llegan a los bancos, llegan ya debidamente lavados.

Los jueces han descalificado la mayoría de los procesos sometidos a su conocimiento, ya que el Ministerio Público no puede comprobar los diferentes elementos del tipo delictivo.

Conforme al Código Penal Federal, se debe demostrar que quien maneja recursos ilícitos conoce su ilegal procedencia y tiene como propósito ocultar o encubrir su origen. Esto significa que el Ministerio Público debe probar, en base a indicios, dos conductas subjetivas: una, que el responsable conocía la procedencia ilícita de los recursos y, la otra, que su intención era la de ocultar o pretender ocultar el origen ilícito de los mismos. Procesar a alguien infiriendo lo que conoce y pretende hacer, resulta en una labor de hipnotismo que los jueces normalmente no avalan por carecer de evidencia suficiente.

Transferir labores de investigación y reporte a joyeros, loteros, contadores y notarios de lo que a ellos les parezca sospechoso y obligarlos a denunciar a quienes aparenten formar parte del crimen organizado, además de un acto de sumo valor, parece insuficiente para atacar al narco en sus finanzas. Máxime si la mitad de la economía se sustenta en la informalidad y es ahí donde se lavan la mayoría de los recursos ilícitos.

Un par de sugerencias: el tipo penal debe seguir los estándares internacionales de su conformación para juzgar hechos y no intenciones. En la labor de fiscalización, la SHCP resulta estar más calificada que la PGR. Sin esto, el resto del paquete es meramente ornamental.