México es un país muy desigual en la región más desigual del mundo. La desigualdad excesiva es dolorosa, injusta y ofensiva en si misma. Contribuye además a la inestabilidad política, erosiona la cohesión social y crea condiciones propicias para el surgimiento de regímenes populistas que acaban exacerbándola. Provoca una deficiente asignación de recursos y desaprovecha el talento en la sociedad, lastimando a las personas y creando ineficiencias que restan potencial de crecimiento al país. Piense usted, por ejemplo, en la pérdida personal y para México de las posibles científicas, artistas, empresarias, deportistas o doctoras que no llegan a serlo, al no encontrar oportunidades para desarrollar sus habilidades.

En las últimas tres décadas experimentamos una tendencia a la baja pero insuficiente en la desigualdad. El coeficiente de Gini, utilizado frecuentemente para medir la desigualdad (va de 0, perfecta igualdad a 1, total desigualdad), pasó de 0.54 en 1989 a 0.45 en 2018 según el Banco Mundial, pero la pandemia y la crisis que atravesamos revierte ya  la tendencia. Sin embargo, aunque parece haber consenso de que la desigualdad es excesiva, no parece haber acuerdo sobre como enfrentarla y la ideología, más que la evidencia, suele nutrir la discusión. Además, frecuentemente se equiparan desigualdad y pobreza, fenómenos estrechamente relacionados pero distintos, lo que lleva a definir mal los objetivos y a proponer acciones que, aunque pudieran reducir la desigualdad en el corto plazo, hacen poco para crear condiciones de mayor igualdad en el futuro y menos para reducir permanentemente la pobreza.

Una manera relativamente sencilla —y por lo tanto tentadora— para reducir la desigualdad es reducir la riqueza de los que más tienen, sin preocuparse por crear las condiciones para mejorar el ingreso del los que menos tienen. Se utilizan para ello diversas acciones que van desde la confiscación hasta el uso de herramientas fiscales como elevar las tasas impositivas o crear nuevos impuestos. Dejemos a un lado la primera que, por lo general, es mala idea y concentrémonos en la segunda, particularmente relevante ahora que parece caminamos hacia una reforma fiscal. El argumento es sencillo y hasta cierto punto correcto: Si quienes tienen mayor ingreso o riqueza pagan proporcionalmente más, se contribuye a reducir la desigualdad medida después de impuestos. El sistema impositivo en su conjunto debe ser progresivo, es decir, deben pagar más quien más tienen, lo que requiere establecer tasas marginales adecuadas y mejorar la estructura de los impuestos, ampliar la base tributaria y evitar favorecer injustificadamente a ciertos grupos como ocurre actualmente por el esquema de deducciones y el funcionamiento de los impuestos al capital. La cuestión a considerar es que todo impuesto genera distorsiones y afecta la toma de decisiones sobre actividades económicas incluyendo inversión y trabajo, por lo que las autoridades hacendarias deben balancear estos costos con los beneficios de modificar o aplicar nuevos impuestos.

La evidencia muestra que aumentar los impuestos no es el único ni necesariamente el mejor mecanismo para reducir la desigualdad, ni asegura, por si mismo, mayor bienestar, oportunidades de desarrollo y menor pobreza de manera sostenible. Esto depende en gran medida de lo que ocurra con el otro lado de la política fiscal, el gasto público, lo que frecuentemente es ignorado por quienes ven en el cobro de impuestos la principal solución. Cierto, para poder gastar se requiere recaudar, pero hay que considerar que es a través de políticas públicas bien diseñadas e implementadas y con recursos suficientes, que el estado puede contribuir a mejor el desarrollo humano, social y económico. No es gastar por gastar, hay que asegurar que las políticas tengan el impacto deseado y esforzarse por lograr la igualdad de oportunidades para todos. El gobierno actual decidió priorizar la entrega de transferencias en efectivo como parte de su política social. Ello aumenta temporalmente el ingreso de los beneficiarios e incluso podría reducir la desigualdad si es que el ingreso de los que mas tienen no aumenta proporcionalmente más, pero no resuelve las carencias o mala calidad de servicios esenciales o infraestructura que brindan oportunidades para un mayor desarrollo de largo plazo. Por ejemplo, sustituir las estancias infantiles con transferencias en efectivo no logra resolver la carencia de acceso a servicios de cuidado infantil, lo que impide a miles de madres acceder a un empleo. De manera similar, priorizar la entrega de becas dentro del gasto educativo, hace poco por elevar la calidad de la educación y no ha mostrado mucha efectividad para reducir la deserción escolar en media superior.

El contraste entre Francia y Bangladesh es ilustrativo. Ambos países son bastante menos desiguales que México, con un coeficiente de Gini cercano a 0.32.  Pero sus indicadores de pobreza y desarrollo son diametralmente opuestos. Bangladesh ocupa la 133a posición a nivel mundial en el ranking del Índice de Desarrollo Humano del PNUD y tiene una proporción elevada de su población en pobreza, mientras que Francia ocupa el lugar 26 en el ranking y tiene poca pobreza (México ocupa el lugar 74). ¿Qué preferimos para México en este sentido, parecernos más a Francia o a Bangladesh? ¿Queremos igualdad en la pobreza o igualdad con niveles de vida más dignos? La respuesta es obvia.

Los países con mayor desarrollo humano y menor pobreza también son aquellos con mayor ingreso per cápita, gracias a muchos años de alto crecimiento económico y políticas públicas promotoras de la igualdad de oportunidades. Busquemos soluciones que simultáneamente construyen un país con menor pobreza, más prospero y con un entorno propicio para la actividad económica. Con eso también reduciremos la desigualdad.

*Especialista en desarrollo y políticas públicas. Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Opiniones personales.

Twitter: @GustavoMerinoJ