Los gasolinazos del presente sexenio implicaron la comercialización de combustibles a costos de mercado, libres de subsidio, evitando así que el gobierno continuara erogando anualmente miles de millones de pesos en ese concepto. El presidente Enrique Peña Nieto asumió la impopularidad de la medida y, con ella, sus consecuencias políticas. A cambio, permitió que sus sucesores nunca más fueran responsabilizados por el precio de los carburantes.

No obstante, uno de los compromisos de campaña del próximo mandatario fue congelar el precio de la gasolina. Un destello lo indujo a rectificar esta intención y se anunció, en días pasados, que se establecerá un “precio oficial”. De los males, el menor.

El gobierno que viene desaprovechó la oportunidad de mantenerse ajeno a la fluctuación del valor de los combustibles. Esto no significa que sea incorrecta su preocupación por mantener importes accesibles para la ciudadanía; pero una cosa es procurar y otra, muy diferente, deber hacer.

Durante muchos años los principales beneficiarios del subsidio fueron los ricos, que poseen más automóviles de los que necesitan; los grandes empresarios, que utilizan numerosas flotas vehiculares para desarrollar sus actividades lucrativas; y, entre otros, los prestadores irregulares del servicio de transporte de pasajeros, quienes se multiplican por cientos de miles en la Ciudad de México y su zona metropolitana.

Sin embargo, preocupado por el tema, el aún candidato electo Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la rehabilitación de seis refinerías y la construcción de dos más. Vale recordar que, durante el tercer debate presidencial, Ricardo Anaya refirió (acertadamente) que se avecina el declive de los automóviles que operan con gasolina y se aproximan los que funcionarán con energías renovables. Esto pone en riesgo la gran inversión que pretende realizarse.

Cada refinería podría alcanzar un costo de 114,000 millones de pesos y en un país como el nuestro, en el que escasean los recursos, estas cifras serían útiles para atender rubros prioritarios como seguridad, educación, salud o combate a la pobreza.

Por otra parte, no está de más evaluar alternativas irónicamente favorecidas por la reforma energética. Es factible que la Federación diseñe un esquema de inversión privada, a través del cual las empresas que producen combustible realicen el gasto para la modernización de la infraestructura existente, recibiéndola en concesión y garantizando a cambio precios más bajos de los que ahora rigen en el mercado. Lo anterior es viable si consideramos que los costos de producción y transportación disminuirían significativamente.

Se debe ir paso a paso, evitando inversiones que pudiesen resultar infructuosas. Pero en el caso de que la próxima administración materialice las nuevas refinerías, valdría la pena considerar a Hidalgo como sede de alguna de ellas. No debemos olvidar que, durante el gobierno de Felipe Calderón, hace casi 10 años, dicha entidad fue inducida a invertir 1,500 millones de pesos en lo que sería la Refinería del Bicentenario, proyecto que irresponsablemente abandonó el entonces presidente y que ha tenido elevados costos para aquel estado que, sólo por concepto de intereses derivados de los créditos que solicitó, ha visto afectadas sus finanzas durante los últimos años.

No hay que dejar de lado que para caminar con eficiencia económica se deben aprovechar los recursos que se tienen a la mano.

@Ernesto_Millan

Ernesto Millán

Columnista

Molinos de Viento

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha ocupado diferentes cargos en gobierno federal, estatal y municipal por más de 20 años. Es Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y Consejero Jurídico de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C.