Casinos, el juego de la corrupción

La tragedia en el Casino Royale en Monterrey dejó al descubierto lo que todo México sabe: un elevado número de casinos opera irregularmente.

La cadena de corrupción y los intereses económicos han permeado las distintas instancias gubernamentales y judiciales.

Los dimes y diretes entre las distintas autoridades municipales y estatales y representantes del Casino Royale lo dejan ver claramente.

Detrás de la operación de muchos de los casinos en México subyacen la irregularidad y la corrupción.

A la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda les corresponde una parte importante del control de operación de ese tipo de negocios.

En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se registró el fin de semana un impresionante operativo.

Aunque después de la tragedia ocurrida en el Casino Royale en Monterrey pareciera tardía la reacción del SAT, que encabeza Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, lo cierto es que el operativo que realizó este fin de semana esa dependencia estaba planeado con antelación y forma parte de un programa de acciones que a la fecha suman 40.

El funcionario dio a conocer que como resultado de operativos en ocho casinos en Monterrey y tres en el Distrito Federal fueron embargadas 3,500 máquinas de juego y se detuvo a tres personas que, ostentándose como abogados de un establecimiento, portaban armas de fuego y una granada.

De 5,000 máquinas de juego y apuestas que se revisaron, más de 3,500 fueron embargadas para investigación en materia aduanera y determinar su propiedad y legal estancia en el país.

Además, el SAT está verificando el correcto pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que por la operación de casinos se tiene que llevar a cabo.

Gutiérrez Ortiz Mena tiene perfectamente claro que es necesario debilitar de manera sistemática la estructura financiera y operativa de los grupos criminales.

Lo que también es cierto es que debiera existir una mucho mayor y más eficiente sincronización en la actuación de las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal. Falta todavía ver la acción de la Secretaría de Gobernación en lo concerniente a los permisos de operación del establecimiento.

Hoy, todavía no está clara la situación del Casino Royale en su estatus de propiedad o si operaba con todos los permisos correspondientes.

En México el negocio de los casinos, en una buena parte, sigue siendo un juego peligroso de redes de corrupción.

Dos nuevas denuncias contra coahuila

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), que encabeza Javier Laynez, podría presentar dos nuevas denuncias en contra de quien resulte responsable por falsificación de registro para contraer deuda con base en las participaciones federales.

De acuerdo con información preliminar de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, podría haberse repetido el esquema con el que el gobierno de Coahuila falsificó un registro para solicitar y obtener créditos de bancos privados, con garantía sobre las aportaciones federales.

La primera denuncia que presentó la PFF fue por un registro falsificado con el que la entidad obtuvo 1,000 millones de pesos.

Por cierto que la Tesorería de la Federación no pagará los 23 millones de pesos mensuales que se comprometió a amortizar el gobierno de Coahuila con el registro falso. Banco del Bajío podría estar en un serio problema por los recursos prestados.

CUENTOS VERAS

Hablando de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en días pasados recibió palo de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perdió cinco amparos interpuestos por cinco empresas, entre ellas General Motors. Estas compañías podrán deducir pérdidas por enajenación de acciones contra sus ingresos corrientes. ¡Una de ellas podrá deducir hasta 2,000 millones de pesos! Se trata de operaciones que realizaron en el extranjero y, en contra de lo que marca la ley, podrán evitar el pago de impuestos. El palo se lo dio la Corte en realidad a los ingresos del país y a todos los contribuyentes, no a la PFF. Al tiempo.

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