Netflix nos ha conmocionado con el desgarrador documental sobre las tres muertes de Marisela Escobedo, en el que se desvela lo que una madre y su familia son capaces de hacer para buscar a su hija desaparecida y para exigir justicia por su muerte.

Dramáticamente, este caso expresa solamente una de las historias que mes a mes ocurren en nuestro país, y que terminan por perderse dentro de la fría numeralia presentada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual refleja que en los 10 primeros meses del 2020 se ha privado de la vida dolosamente a 800 mujeres.

Detrás de esas muertes hay muchas que sin duda se asemejan a la historia de Marisela, pero incluso ésta, que pudimos contemplar en todo su dramatismo, no logra expresar todo el dolor y la frustración que existe detrás de la pérdida de un ser querido.

Cada una de las muertes, desapariciones forzadas, secuestros y violaciones de mujeres ocurren en contextos muy particulares —aunque con patrones cada vez más rastreables—, acumulando historias de desolación y tristeza que desvelan que nuestra sociedad ha permitido un profundo deterioro de la moral pública del país, que ni siquiera parece haber llegado a su límite.

No decimos nada nuevo al afirmar que la pérdida de un familiar produce una afectación que se extiende a todos sus integrantes, genera un dolor que no se puede resarcir, dejando una huella profunda en lo emocional, lo económico e, incluso lo psicológico y a cuyo menoscabo contribuyen los gobiernos al dejar de proveer la atención médica que este tipo de perturbaciones exigiría.

Esta afectación, ni duda cabe, adquiere un efecto que se proyecta en el tiempo ante la impotencia que produce la ineficacia o el desazón de las autoridades para perseguir a los perpetradores, su incapacidad o su falta de recursos para buscar las fosas en las que podrían estar las personas desaparecidas, ahondando en el sufrimiento de las madres y hermanos, quienes han encontrado en la desesperación e impotencia el impulso para exigir justicia y para ir en búsqueda de sus seres queridos y de quienes los dañaron.

Es sabido que la denuncia pública no sirve más que para que las autoridades hagan la finta de hacer su trabajo, poniendo a las víctimas en condiciones de vulnerabilidad, con graves riesgos para su seguridad. La historia de Marisela Escobedo demuestra que las autoridades no fueron capaces de proteger la vida de su hija, no cumplieron con su obligación de perseguir eficazmente a su agresor, a pesar de que ella logró identificarlo y ubicarlo, y fueron altamente omisas en proveerle de un mínimo de protección en su protesta frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Pocas cosas han cambiado en los 12 años desde aquellos trágicos sucesos. Las afectaciones a la vida y la integridad psicológica se han normalizado en nuestro acontecer diario, las fiscalías han seguido ahondando el dolor de las familias y la displicencia de las autoridades ha dejado a las víctimas a merced de la delincuencia, la cual se ha encargado, tal y como lo hizo con Marisela, de borrar las huellas que hubieren quedado.

Acaso por ello, no podemos sino expresar que la muerte en México, lejos de constituir un acto individual consumado en un momento preciso, termina por extenderse en el tiempo, afectando permanentemente a los integrantes del seno familiar. Ojalá fuera instantánea, así no causaría tanto dolor. No lo es, porque bajo el olvido y el desamparo de las autoridades se ha extendido hacia el futuro, convirtiéndose en una muerte lenta que afecta la integridad de las víctimas y la salud de nuestra frágil convivencia social.