Venezuela tiene dos presidentes; Perú los tuvo durante una noche la semana pasada; en Ecuador hay presión social para derribar al presidente y, desde Bélgica, un expresidente intenta abordar el primer avión hacia Quito para ofrecerse como salvador.

Asentado sobre el pantano del aislacionismo, el gobierno del presidente López Obrador “expresa su preocupación por la criminalización de actores de oposición”, en la crisis de Ecuador, y sortea dar su apoyo explícito al presidente Lenín Moreno (comunicado de prensa no. 353 emitido por la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el 9 de octubre).

En medio de la ambigüedad, el gobierno mexicano no distingue a los múltiples “actores de oposición”, sin embargo, no podría mencionar al principal, el expresidente Rafael Correa, quien desde julio del 2018 tiene pendiente una orden de prisión preventiva por un caso considerado por la fiscalía ecuatoriana como crimen de Estado. Se le acusa de haber secuestrado a un político de la oposición en el 2012, Fernando Balda.

Ausente en la condena por violación de los derechos humanos a opositores venezolanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, el presidente López y el canciller Ebrard “condena(n) tajantemente toda forma de violencia (...) y rechaza(n) el uso de la fuerza desmedida por parte del Estado, la cual debe emplearse excepcionalmente y siempre regida por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”.

Desde la cancillería colombiana, 12 horas antes de que México expresara su posición, Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú revelaron su apoyo explícito al presidente Moreno. México se desmarcó, siguiendo la estela que ha dejado el Grupo de Lima en el caso de la dictadura venezolana.

Ecuador y desde el próximo mes Argentina (por el inminente regreso de Cristina Fernández al poder) son dos apuestas de la dictadura de Nicolás Maduro; ambos países podrían dar otra vuelta de tuerca al fosilizado eje chavista.

Detrás de las espesas cortinas de humo, es decir, de la manipulación de Rafael Correa, Nicolás Maduro y del propio Lenín Moreno, se encuentra la causa de la reciente crisis política. El presidente de Ecuador eliminó subsidios a la gasolina, una política adoptada desde 1974 cuando los elevados precios del petróleo aumentaron los ingresos del estado.

Los bloqueos a zonas petroleras en la última semana le ha costado a Ecuador 12.5 millones de dólares por la reducción en la venta de petróleo, una pérdida acumulada (hasta el pasado martes) de 232,000 barriles.

Desde los útiles emotivos del populismo resulta efectivo lanzar dardos al presidente Moreno por haber incrementado el precio de la gasolina más de 100% sin haber realizado un plan estratégico para su implementación, sin embargo, desde la racionalidad de las finanzas públicas, Ecuador cumplió 10 años consecutivos con déficit fiscal; el tamaño del agujero es de 4% del PIB.

Algo más, entre los años 2005 y 2018, Ecuador desembolsó la suma de 54,269 millones de dólares en subsidios a combustibles. La cifra representa 50% del PIB y alcanza casi el total del valor de la deuda externa del país. Es decir, con el monto destinado a subsidiar la gasolina, diésel y gas, durante los últimos 13 años, se pudo haber liquidado la deuda del país.

Ante este panorama, el presidente López Obrador y la cancillería de Marcelo Ebrard se preocupan “por la criminalización de actores de oposición” como Rafael Correa, acusado por un fiscal de secuestro.

¿Una más de Trump?

El viernes 24 de mayo, Marcelo Ebrard justificó su estancia en Washington de la siguiente manera: “Es lo que hoy hemos planteado a la Casa Blanca. A eso venimos. Es el motivo del viaje”. Se refería a la promoción del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. “Lo que se plantea es que los países del sur de México puedan incorporarse en condiciones de infraestructura y facilidades de inversión, de suerte que puedan incorporarse al ritmo que ya tiene la gran región de Norteamérica de prosperidad económica”.

Para el canciller, “es muy difícil suponer que se va a encontrar una solución para las miles y miles de personas que deciden migrar por la pobreza e inseguridad en la que viven” (El Sol de México, 24 de mayo).

En el caso de que Estados Unidos se comprometió con Marcelo Ebrard a participar con 6,000 millones de dólares para el plan de desarrollo, entonces el presidente Trump estaría dando otra sorpresa a México. Su asesor, Mauricio Claver-Carone, reveló esta semana que Trump premiará a Guatemala, El Salvador y Honduras por haber entrado a la categoría de tercer país seguro, es decir, por haberse convertido en países-catering de seguridad fronteriza. El plan lo anunciará en enero próximo.

¿Fue Pompeo el que prometió a Ebrard el apoyo de Estados Unidos al plan de desarrollo o fue el canciller mexicano el que así lo interpretó?

Falta información.

@faustopretelin

Fausto Pretelin Muñoz de Cote

Consultor, académico, editor

Globali... ¿qué?

Fue profesor investigador en el departamento de Estudios Internacionales del ITAM, publicó el libro Referéndum Twitter y fue editor y colaborador en diversos periódicos como 24 Horas, El Universal, Milenio. Ha publicado en revistas como Foreign Affairs, Le Monde Diplomatique, Life&Style, Chilango y Revuelta. Actualmente es editor y columnista en El Economista.