Washington.- La Suprema Corte de Estados Unidos inició hoy los argumentos orales sobre la constitucionalidad de la ley SB 1070 de Arizona, en un caso que podría sentar un precedente nacional sobre el derecho de los estados a implementar la política migratoria.

El abogado general de la nación, Donald Verrilli, y el jurista Paul Clement disponen de 60 minutos para presentar ante los nueve magistrados los argumentos en contra y a favor respectivamente de la legalidad del estatuto que ha inspirado leyes similares en todo el país.

La revisión coincide con el segundo aniversario de su promulgación por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y en medio de la carrera presidencial donde el tema migratorio ocupa un lugar central entre el presidente Barack Obama y el ex gobernador Mitt Romney.

Mientras Obama ha criticado abiertamente el estatuto de Arizona y busca su eliminación, Romney lo consideró como un modelo a nivel nacional en un cortejo al sector más conservador de su Partido Republicano.

Aunque la legislación de Arizona ha sido parcialmente suspendida, su desenlace es seguido por otros estados con legislaciones similares, como Alabama y Georgia, así como por organizaciones de defensa de migrantes que buscan su derogación definitiva.

SIMPATÍA DE JUECES

Varios jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos expresaron el miércoles su apoyo a la campaña de Arizona para detener la inmigración ilegal, aparentemente rechazando los argumentos del Gobierno Barack Obama de que sólo la administración federal puede legislar ese tema.

Los jueces conservadores, que son mayoría en el máximo tribunal, sugirieron con sus preguntas y comentarios que los estados deberían tener un poder significativo para adoptar leyes que desalienten la inmigración ilegal en el país.

El juez Anthony Kennedy, que emite el voto decisivo en muchos de los casos, se refirió a las "alteraciones sociales y económicas" que sufren muchos estados como resultado de la llegada masiva de inmigrantes ilegales y sugirió que estados como Arizona tienen la autoridad de actuar.

Hace dos años, Arizona se convirtió en el primero de seis estados en aprobar leyes destinadas a expulsar a los inmigrantes ilegales, con normas que incluyeron una autorización para que la policía compruebe el estatus de residencia de cualquier detenido o sospechoso de estar ilegalmente en el país.

La disputa por la ley tiene implicancias en un feroz debate nacional entre demócratas y republicanos acerca de cómo lidiar con los 11.5 millones de inmigrantes ilegales que se estima que viven en el país, un número que se ha mantenido estable en los últimos años.

Una decisión a favor de la ley de Arizona sería un revés para Obama, que la ha criticado y ha prometido impulsar una reforma si es reelecto el 6 de noviembre.

Un fallo contra el estado sería un contratiempo para el candidato presidencial republicano Mitt Romney, que dijo que el Gobierno debería dejar de desafiar la ley.

El jefe de los jueces John Roberts, que también podría tener un rol clave en el caso, rechazó los argumentos del Gobierno de que la ley de Arizona entra en conflicto con el sistema federal y la consideró como "un esfuerzo para aplicar la ley federal".

Los cuatro jueces conservadores -Roberts, Kennedy, Antonin Scalia y Samuel Alito- hicieron preguntas duras al abogado del Gobierno. Clarence Thomas, otro magistrado conservador, no hizo ninguna consulta pero, en base a sus votos anteriores, se prevé que apoyará la ley de Arizona.

Ocho de los nueve integrantes de la Corte Suprema escucharon los argumentos. La jueza liberal Elena Kagan, ex jefa de abogados del Gobierno de Obama en el tribunal, se recusó porque había trabajado previamente en la materia.

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