Sacramento. La demanda que el gobierno del presidente Donald Trump inició contra California por sus leyes estatales que protegen a inmigrantes sin autorización es la última advertencia a jurisdicciones de todo el país que tienen políticas llamadas santuario.

Al criticar severamente a funcionarios de California por sus políticas y acciones, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, advirtió que no se debe “recompensar” a gente que ingresó al país de manera ilegal.

“Es un rechazo a las leyes y crea un sistema de frontera libre”, dijo a funcionarios de agencias del orden de California el miércoles en Sacramento, a sólo unas cuadras del capitolio estatal. “Frontera libre es una idea radical, irracional que no puede ser aceptada”.

El gobernador de California, Jerry Brown, y el procurador general del estado, Xavier Becerra, ambos demócratas, calificaron la visita de Sessions y la querella como una artimaña política y negaron que ellos quieren dar a los inmigrantes rienda suelta para que ingresen al país ilegalmente.

Estados y ciudades de otras partes del país que también han adoptado leyes santuario criticaron igualmente la demanda federal. La presidenta de la Cámara Baja de Oregon, la demócrata Tina Kotek, dijo que la demanda del gobierno de Trump en contra de California trata de “intimidar a los estados”, y prometió “asegurarse de que Oregon sea un lugar acogedor para todos, incluso cuando hay amenazas como ésta”.

Oregon se convirtió en el primer estado santuario de Estados Unidos en 1987 con una ley que prohíbe a los agentes del orden detener a personas que viven en el país sin autorización pero no han violado otras leyes.

Brown calificó a la demanda de Trump como “acto de guerra”.