Managua. El gobierno de Nicaragua liberó a 50 opositores detenidos por participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega, tras la aprobación de una polémica ley de amnistía que también ampara a los responsables de la represión a los manifestantes, informaron las autoridades.

El sábado, el Congreso aprobó, con el voto mayoritario del oficialismo, una ley de amnistía que favorece a los opositores presos y cierra la posibilidad de castigar a los responsables de la represión de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.

La ley favorece a “todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018”, cuando estallaron las protestas, y abarca a las personas que han sido o puedan ser investigadas o estén cumpliendo sentencias.

18 de abril, 325 muertos

Los beneficiados con la liberación fueron encarcelados por participar en las protestas que estallaron precisamente el 18 de abril del año pasado contra Ortega, cuya represión dejó al menos 325 muertos, cientos de encarcelados y 62,500 exiliados, según organismos humanitarios. La oposición cree que 800 fueron encarcelados por apoyar las marchas.

Tras la liberación, las personas fueron entregadas a sus familiares con un acta en la que se lee: “Ha sido puesto en libertad por la ley de amnistía”, según divulgaron en redes sociales sus familiares.

La normativa ha sido rechazada por organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas, porque implica que ningún responsable de la muerte o represión de sus parientes será juzgado.

Entre los liberados figuran manifestantes cuyos casos ocuparon la atención de medios y redes sociales por la connotación de los hechos de los que fueron acusados.

Fueron liberados dos de cuatro jóvenes condenados a más de 20 años de cárcel por su supuesto papel en el asesinato del familiar de un alto funcionario allegado al presidente Ortega, tras casi un año de prisión.

Las autoridades también excarcelaron a los periodistas Marlon Powell y Hansel Vázquez, acusados de bloquear vías durante las protestas.

El 27 de febrero pasado, el gobierno comenzó a aplicar detención domiciliaria a detenidos tras las protestas, una medida que benefició a 386 personas.