Manila. Amnistía Internacional exhortó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrir una investigación independiente sobre los miles de filipinos muertos en nombre de la guerra contra las drogas declarada por el presidente Rodrigo Duterte y denunció abusos “sistemáticos” cometidos con impunidad.

La represión, que muchos filipinos aprueban, es la principal política de Duterte, pero los asesinatos nocturnos atribuidos a la policía filipina son condenados a nivel internacional.

Duterte llegó al poder en el 2016 con la promesa de erradicar el tráfico de droga matando a decenas de miles de supuestos traficantes y adictos. Dijo incluso que los peces de la Bahía de Manila se engordarían con sus cadáveres.

En su segundo informe sobre el tema, Amnistía aseguró que las víctimas son principalmente filipinos pobres, muchos de los cuales figuran en “las listas de vigilancia de la droga”.

Sus nombres son entregados por autoridades locales sometidos a “presiones inmensas” por parte de la policía para que les dé constantemente nombres de sospechosos.

“Peor aún, los que figuran en las listas de vigilancia parecen estar allí indefinidamente, sin ninguna posibilidad de ser retirados, aunque hayan seguido el tratamiento y dejado de consumir droga”, afirmó la ONG.

Ante las declaraciones de Amnistía, Duterte precisó que “las ejecuciones extrajudiciales están bien, pero no la corrupción”. El jefe de Estado no amplió ni explicó esas afirmaciones.

Amnistía, que considera imposible precisar el número exacto de muertos, acusó a Manila de tener una política de “desinformación deliberada”.

Según el gobierno, 5,300 personas fueron asesinadas por policías, pero los defensores de derechos humanos creen que la cifra se cuadriplica.

Caso de Guatemala

Respecto a Guatemala, la ONG advirtió de un grave retroceso en la lucha contra la impunidad, por ataques del presidente Jimmy Morales a una comisión antimafias de la ONU que pone en jaque la situación de derechos humanos.

“En los últimos dos años, las más altas autoridades de Guatemala han emprendido una serie de acciones para frenar los avances de la última década en materia de acceso a la justicia. Esto pone en jaque los derechos humanos y el Estado de Derecho”, detalló en su informe.