Las autoridades de Madrid anunciaron este viernes la ampliación de las restricciones a la movilidad a nuevas áreas de la región, para abarcar más de un millón de personas, una decisión insuficiente a ojos del gobierno central que había pedido aplicarlas a toda la capital.

A partir del lunes, unas 167,000 personas adicionales que viven en la región podrán salir de sus vecindarios solamente para trabajar, ir al médico o llevar a los niños al colegio, anunció en rueda de prensa el viceconsejero madrileño de salud, Antonio Zapatero.

Así, de los 6.6 millones de habitantes de la región de Madrid, algo mas de un millón se verán afectados por estas medidas. Más de 850,000 personas de diversas zonas, entre ellas varios vecindarios humildes del sur de la ciudad, ya debían respetar estas restricciones desde el lunes.

A diferencia de lo ocurrido bajo el rígido confinamiento entre marzo y junio pasados, cuando todos los españoles solo podían salir de casa por razones de primera necesidad, estas personas pueden desplazarse por sus vecindarios, aunque los parques públicos permanecen cerrados y los restaurantes y bares tienen horarios restringidos.

De todas maneras, Zapatero recomendó a los todos los madrileños sin excepción que "eviten los movimientos innecesarios" para frenar esta segunda ola de Covid-19.

Sorpresivamente, minutos antes de que hablara Antonio Zapatero, el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, convocó una rueda de prensa paralela para expresar su desacuerdo con el alcance de las medidas en Madrid, que como ocurre en todas las regiones en España, es competente en materia de salud.

En una reunión previa con las autoridades madrileñas, el gobierno central propuso extender las medidas "a toda la ciudad de Madrid", de más de 3 millones de habitantes, y a otros municipios con alta incidencia del virus, explicó Illa.

Illa había llamado ya a principios de semana a los residentes de la región de Madrid, epicentro de la epidemia en España, a restringir sus movimientos y contactos a "lo esencial".

El gobierno central no puede imponer decisiones en materia sanitaria, salvo si toma medidas como declarar un estado de alarma, tal y como ocurrió entre marzo y junio, una opción que por el momento descarta.

España, el país de la Unión Europea con la tasa más alta de incidencia del virus, con cerca de 300 casos por cada 100,000 habitantes en las dos últimas semanas, contabiliza desde el inicio de la pandemia más de 700,000 casos y 31,100 decesos.