Washington. Después del escándalo de Enron, el Congreso obligó a los ejecutivos corporativos que compran o venden acciones de su empresa a que reporten sus transacciones dentro de dos días después de efectuadas. Sin embargo, no han sido igual de estrictos con ellos mismos.

Una propuesta de ley para obligar a los legisladores a reportar sus operaciones bursátiles dentro de un plazo de 90 días ha tenido un apoyo escasísimo, tan sólo un puñado de votos.

No tenemos ningún problema para aprobar reglas estrictas para los demás, pero nos resulta muy difícil hacerlo para nosotros mismos , dijo el coautor de la iniciativa, el congresista demócrata Brian Baird del estado de Washington.

Las debilidades del sistema de transparencia permiten que un congresista pueda ocultar su verdadera riqueza del electorado, justo en un contexto en que más congresistas están invirtiendo en el mercado de valores, al tiempo que ejercen un mayor control sobre las empresas a través de rescates bancarios, reglas de remuneración ejecutiva, gasto en estímulos y regulaciones financieras.

Para un miembro del Congreso, las reglas de transparencia son acomodaticias y confusas, pues hay pocos requisitos para que revelen sus activos, y además cuentan con un año o más para hacerlo.

Desde 1978, el Congreso ha confiado en los reportes anuales de propiedades, los cuales otorgan al público sólo un vistazo superficial a las inversiones de los legisladores, pero que en teoría evitarían potenciales conflictos de interés y corrupción.

Ese colchón de un año para revelar activos dificulta precisar si algún voto podría afectar sus activos actuales. Por ejemplo, los reportes de principios del 2009, cuando se negociaron los detalles del paquete de estímulos económicos por 787,000 millones de dólares se harán públicos a fines de esta semana, 16 meses después de aprobado el rescate.

Los reportes con frecuencia están incompletos, incorrectos o ilegibles. Los activos se reportan sin ninguna explicación. Dado que los reportes inicialmente se presentan en formas de papel, el público no puede localizarlas electrónicamente ni analizarlas para detectar tendencias. Las reglas permiten amplísimos rangos, de tal forma que resulta imposible tratar de precisar si las inversiones tuvieron pérdidas o utilidades.

Esos rangos van de 1,000 a 15,000 dólares en la parte baja y de 50 millones de dólares en adelante en la parte alta. Un legislador puede reportar transacciones múltiples con una sola anotación, sin desglosar.

Una investigación de The Washington Post que cubre el periodo del 2004 al 2008 reveló que más de 20% de los reportes ni siquiera enlistaba las fechas en que se efectuaron operaciones bursátiles, o sea la compra-venta de acciones.