Washington. El programa DACA fue creado por el expresidente Barack Obama el 15 de junio del 2012 y entró en vigor el 15 de agosto de ese año, para darle a jóvenes inmigrantes ilegales la posibilidad de estudiar y trabajar en Estados Unidos con un permiso renovable y protegerlos de la deportación. Actualmente 800,000 jóvenes se benefician del plan.

Obama creó por decreto el DACA después de que el Congreso no aprobara una norma sobre los inmigrantes ilegales llegados de niños, la ley DREAM, acrónimo en inglés de Fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros , que hace que estos inmigrantes sin papeles sean llamados dreamers (soñadores), también en alusión al sueño de una vida mejor en territorio estadounidense.

La mayoría de los dreamers nació en México y en países centroamericanos y vive en los estados de California y Texas, pero también en Nueva York, Illinois y Florida.

Para acogerse al DACA hay que cumplir varias condiciones: haber llegado a Estados Unidos con menos de 16 años de edad; tener 15 años como mínimo y 31 como máximo al 15 de junio del 2012; haber vivido en Estados Unidos de manera ininterrumpida desde el 2007; tener estudios secundarios o haber servido en filas militares, y carecer de antecedentes penales.

Cerca de 200,000 personas obtuvieron el DACA en el año fiscal 2016 (de octubre del 2015 a septiembre del 2016), por primera vez o por renovación. Estos permisos caducarán en los próximos 12 meses. Para acceder al DACA, los dreamers deben entregar al Estado todos sus datos personales. Muchos beneficiarios temen que al perder los permisos de residencia y trabajo, las autoridades migratorias usen esa información para localizarlos y deportarlos fácilmente.

Incertidumbre legal

En la resolución de Trump, todos los que tengan sus permisos vigentes están a salvo. A quienes se les venza su permiso de residencia en los próximos seis meses podrán solicitar una renovación de dos años. Pero esta solicitud debe presentarse antes del 5 de octubre. Los dreamers que tienen DACA y cuyos permisos expiran después del 5 de marzo del 2018 sólo podrán seguir trabajando hasta que esos permisos terminen. Cuando estos permisos expiren, en teoría podrían ser deportados en cualquier momento, aunque la actual política sólo amenaza a aquellos inmigrantes que han cometido delitos graves.