Agentes de inmigración llegaron a decenas de tiendas 7-Eleven en Estados Unidos antes del amanecer del miércoles para comenzar a examinar el estatus de inmigración de los empleados, lo que las autoridades describieron como la mayor redada de ese tipo contra una empresa durante la presidencia de Trump.

Los agentes se centraron en 100 tiendas de 19 estados, incluido Washington DC. Las auditorías pudieran llevar a cargos criminales o multas por las prácticas de contrataciones de las tiendas. Veintiún personas sospechosas de estar ilegalmente en Estados Unidos fueron arrestadas y se les notificó que debían presentarse ante tribunales migratorios.

La acción parece abrir un nuevo frente en la aplicación de las leyes de inmigración durante el gobierno de Trump, que ya ha llevado a un incremento de 40% en los arrestos para deportación.

Derek Benner, un alto funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), dijo que la operación fue “la primera de muchas” y “un indicador de lo que vendrá” para los empleadores.

Tras las inspecciones, los funcionarios planeaban examinar si hay casos que merezcan una acción administrativa o una investigación penal, dijo Benner.

7-Eleven Stores Inc, con sede en Irving, Texas, dijo en un comunicado que los dueños de sus franquicias son responsables de las contrataciones y de la verificación de la elegibilidad para empleo.

La cadena, que tiene más de 8,600 tiendas en Estados Unidos, dijo que ha anulado previamente acuerdos de franquicia para dueños declarados culpables de violar leyes laborales.