Choloma, Honduras. Decenas de obreros levantan un emporio industrial en "ciudad modelo Morazán", uno de al menos tres territorios de Honduras autorizados a funcionar con leyes y hasta policía propias. Estados dentro de otro estado, rechazados por la ciudadanía, pero impulsados por el presidente Juan Orlando Hernández.

Se trata de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Para el gobierno, son espacios que atraen inversiones extranjeras y generan empleo en un país con un 70% de su población en pobreza.

Para la sociedad civil, podrían servir de refugio a prófugos de la justicia, evadiendo leyes nacionales.

"La tierra se quiere dividir, se quieren crear estados dentro del propio Estado de Honduras, para crear nuevas leyes, nuevos procesos, nuevas instituciones", consideró la directora ejecutiva del independiente Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.

Según ella, "no solamente los narcotraficantes sino que los corruptos" quedarán "protegidos" en estos territorios.

Por ahora hay tres ZEDE en construcción: una en Choloma (norte), otra en la paradisíaca Roatán -Islas de la Bahía (Caribe)- y la tercera en San Marcos de Colón (sur). Pero siete departamentos costeros están abiertos a inversionistas, informa el gobierno.

En Choloma, la "ciudad de las maquilas", 190 km al norte de la capital, se edifica para la exportación de bienes hacia EU.

El poderoso Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) llamó a los inversionistas a abstenerse de participar en las ZEDE porque la ley "tiene vicios de inconstitucionalidad"; eso es una "ficción jurídica", sentenció.

¿Refugio de narcotraficantes?

En San Marcos de Colón (sur), se construye una ZEDE con un proyecto de cultivo de chiles y tomates que empezarán a ser exportados a Estados Unidos desde octubre.

Inició con 34 hectáreas y subirá a 158 en los próximos cuatro años, donde empleará a 2,600 trabajadores.

"Se va a regir por leyes hondureñas. ¿Voy a tener mi propia Corte Suprema? No. Esa es una falacia", dice el estadounidense Víctor Wilson, propietario de AgroAlpha, partícipe del proyecto.

"¿El narco va a necesitar una ZEDE para poner narcolandia? Seamos serios", asegura. Y dice que la policía hondureña siempre podrá entrar, amparada por la ley.

Pero para el investigador de la CNA, Odir Fernández, las ZEDE "podrán crear normativas que finalmente prohíban los procesos de extradición que estamos viendo en el país".

El presidente Hernández, cuyo gobierno culmina en 2022, ha sido señalado por un narcotraficante sentenciado en Nueva York de haber recibido su apoyo para exportar droga.